La Justicia federal comenzó a investigar la denuncia por presunto espionaje ilegal a dirigentes de la oposición, jueces y periodistas en la que el juez Sebastián Casanello dictó el secreto de sumario del expediente y la diputada nacional del PRO Laura Alonso presentó el listado de los damnificados. Fuentes judiciales informaron que el martes a la medianoche el fiscal federal Ramiro González abrió formalmente la investigación del caso y le solicitó al magistrado una serie de medidas de prueba que fueron ordenadas e impuso el secreto de sumario.
A primera hora de ayer Casanello criticó a las diputadas del PRO Alonso y Patricia Bullrich porque con la denuncia no acompañaron el listado de los presuntos espiados que fue publicado en distintos medios de comunicación.
Tras los dichos de Casanello, Alonso presentó ayer un escrito en el juzgado en el que ratificó la denuncia y entregó el listado que un presunto agente de inteligencia les envió con el detalle de las personas espiadas. Entre los damnificados están los candidatos a presidente Mauricio Macri, Sergio Massa y Margarita Stolbizer; miembros del Poder Judicial; periodistas; familiares del exespía Jaime Stiuso y famosos como Marcelo Tinelli, Adrián Suar y Mirtha Legrand. El informante aseguró que el espionaje se estaba realizando desde un edificio cercano a las intersecciones de las avenidas San Juan y Entre Ríos, en Congreso, y en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citefa), en la localidad bonaerense de Villa Martelli, del Ministerio de Defensa.
El Gobierno nacional rechazó ayer las denuncias sobre el supuesto espionaje y vinculó el caso a una ‘operación‘ de campaña de la oposición para perjudicar al oficialismo en las elecciones del próximo domingo. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó de ‘invento‘ de las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich, aunque aclaró que el Gobierno ‘se va a allanar para que se pueda investigar lo que haya que investigar‘. Por su parte, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI-ex SIDE), Oscar Parrilli, advirtió que ’no está’ en el ’ADN’ del Gobierno intervenir teléfonos. Parrilli dijo que el espionaje ‘sí se puede haber hecho‘ durante la gestión del exagente de inteligencia ‘Jaime‘ Stiuso, pero remarcó que en este momento no están haciendo ‘ni siquiera intervenciones legales‘. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también negó la participación de su ministerio en el presunto ‘espionaje ilegal‘ y afirmó que ‘la denuncia está inscripta dentro del marco de una operación política‘.