La Iglesia católica se comprometió ayer a realizar una investigación sobre su actuación durante la última dictadura militar (1976-1983) para avanzar en el conocimiento de la ‘verdad dolorosa‘ de esa época marcada por la tortura, el robo de bebés y la desaparición de personas a causa del terrorismo de Estado. Además, rechazó cualquier tipo de ‘connivencia‘ entre los obispos y el régimen de facto y reiteró su pedido de perdón por el rol de algunos de sus integrantes durante esa época. ‘Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad‘, dijo la Conferencia Episcopal Argentina en una carta abierta difundida en el marco de su 104 asamblea plenaria.
Los obispos señalaron que se están ‘abocando a revisar todos los antecedentes‘ a su alcance y alentaron ‘a otros interesados e investigadores a realizarlo en los ámbitos que corresponda‘.
‘No podemos ni queremos eludir la responsabilidad de avanzar en el conocimiento de esa verdad dolorosa y comprometedora para todos‘, continúa el documento, que subraya que ‘nos queda la preocupación por completar un estudio demorado pero necesario‘.
El anuncio sale al paso de la denuncia del expresidente de facto Jorge Rafael Videla, quien afirmó en una entrevista divulgada el pasado julio, que jerarcas de la Iglesia estaban al tanto de las desapariciones y hasta se ofrecieron a informar a familiares de las víctimas sobre los asesinatos.
El documento sostiene que plantear ‘una suerte de connivencia totalmente alejado de la verdad de lo que hicieron los obispos involucrados en ese momento‘.
‘Hemos colaborado con la Justicia cuando se nos solicitó información de la cual podíamos disponer. Además, exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes‘, señala el texto.
El documento indica que la Iglesia vuelve ‘con respeto‘ sobre la actuación de los obispos durante la dictadura aunque ‘sin poder conocer a fondo cuánto supieron personalmente de lo que estaba sucediendo‘.
‘Ellos intentaron hacer cuanto estaba a su alcance por el bien de todos, de acuerdo con su conciencia y juicio prudencial‘, afirma el texto en el que los obispos dicen conocer ‘los sufrimientos y reclamos de la Iglesia‘ por las víctimas del ‘terrorismo de Estado‘, así como ‘la muerte y desolación, causada por la violencia guerrillera‘.
Los obispos aseguran que ‘cuando la justicia es largamente esperada, deja de ser justicia, y agrega dolor y escepticismo‘.
Videla está imputado por el crimen del obispo Enrique Angelelli, asesinado en La Rioja en 1976, cuando investigaba el asesinato de otros dos sacerdotes y un laico a manos de militares. Además de Angelelli, durante la ‘guerra sucia‘ 19 sacerdotes fueron asesinados, junto a 11 seminaristas y cuatro religiosos, entre ellas las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.