Después de la resolución del juez Claudio Bonadio donde procesó a 42 personas en la causa que investiga la estructura de corrupción en el extinto ministerio de Planificación Federal, el fiscal de la causa Carlos Stornelli y el colaborador del ministerio público fiscal, Carlos Rívolo, solicitaron al magistrado que a Cristina Kirchner -acusada como jefa de la asociación ilícita por 22 hechos vinculados a las dádivas-, se le extienda la imputación a 913 actos de corrupción. Se requirió el procesamiento sobre más empresarios y que se incluya a quienes se les dictó la falta de mérito. Por otro lado planteando que "realizaron mayores aportes a la obra delictual, resultando ser elementales" se pidió que Ernesto Clarens, José López y Carlos Wagner sean procesados como "organizadores", según el escrito.
Cristina Kirchner está señalada como la jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Además, el juez solicitó la prisión preventiva, pero indicó que para iniciar el necesario proceso de desafuero de la senadora esperará a que el procesamiento "se homologue por la Cámara federal de apelaciones".
A la ex presidenta se le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos, y fue formalmente acusada de dirigir una asociación ilícita, de ser coautora de recibir dádivas en 22 hechos y de cohecho pasivo (cobrar coimas) en cinco hechos. Sólo en su domicilio de Uruguay y Juncal se realizaron 87 entregas de fondos ilegales por casi 70 millones de dólares.
Pese a esta medida del juez Bonadio, los fiscales intervinientes en el expediente, señalaron que como jefa de dicha estructura delictiva, y "ante la prueba acumulada en el expediente" -indicaron fuentes judiciales a Clarín-, las acusaciones sobre la ex Mandataria son en realidad, "por 913 hechos vinculados a dádivas".
La apelación indica: "Cristina Elizabet deberá responder en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades".
Respecto a otros involucrados en la causa, Stornelli y Rívolo solicitaron que Ernesto Clarens, López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner "realizaron mayores aportes a la obra delictual, los que resultaron ser elementales y más relevantes con relación a los cometidos por los demás miembros".
Para los representantes del ministerio Público Fiscal, estos cuatro procesados como miembros únicamente de la asociación ilícita, "desarrollaron actividades que fomentaron el objetivo criminal de la agrupación y tareas que quizás no eran fáciles de reemplazar como sí pudieron ser las de los demás".
Por tal motivo requirieron que sean procesados como "organizadores de la asociación ilícita" de la que Cristina Kirchner fue "jefa" según la acusación de Bonadio.