Después de la fuerte interna entre sus miembros por las demoras en tratar causas sensibles para el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia difundió ayer por primera vez una agenda de fallos claves: el mecanismo de
ajuste que debe aplicarse a las jubilaciones y si los jueces deben o no pagar el Impuesto a las Ganancias.
Ambos fallos serán emitidos antes de fin de año.
El 27 de noviembre la Corte dictará sentencia sobre una "medida cautelar por pago del impuesto a las Ganancias por jueces incorporados a partir de 2017", según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
En esa ocasión la Corte no tratará la "cuestión de fondo" que es si los magistrados y funcionarios del Poder Judicial deben tributar Ganancias, sino la medida cautelar dictada hace un año por el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari en relación a la ley sancionada en 2017 que dispone el pago de Ganancias a los nuevos jueces.
En una de las últimas reuniones del año, el 18 de diciembre, el máximo tribunal emitirá sentencia también sobre la "determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro", para lo cual tomará el caso Blanco, una denuncia realizada contra la Anses que si se avala puede implicar un duro golpe para las arcas de previsión social.
Para el Poder Ejecutivo debe utilizarse el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) para la actualización de haberes jubilatorios, mientras que muchos jubilados demandaron al Estado para que se les siga aplicando el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).
Para la gran mayoría de los casos en juicio, la validación del RIPTE implicaría que los haberes se calculen en montos inferiores, respecto de lo que puede obtener hoy por el otro indicador en proporciones que van del 20% al 60%, según cálculos de los abogados.
Previamente a este fallo de alto impacto, el 4 de diciembre el máximo tribunal dictará una nueva sentencia vinculada con la "aplicación de la ley del 2×1 en las causas de delitos de lesa humanidad".
La última vez que la Corte opinó sobre el tema, le otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña pero luego el Congreso sancionó una nueva ley para que ese cómputo no pueda volver a aplicarse a casos de lesa humanidad.
La Corte anunció también que el 11 de diciembre dictará sentencia sobre la constitucionalidad de la ley de lemas de la provincia de Santa Cruz que llevó a Alicia Kirchner a la Gobernación pese a que perdió la elección.