La Corte Suprema de los Estados Unidos le dio un duro revés a la Argentina al desestimar el pedido para que una demanda por la estatización de la compañía YPF se resuelva ante los tribunales argentinos al confirmar la jurisdicción estadounidense, según consigna la agencia Bloomberg.
Con esto, el país se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar hasta u$s 3.000 millones en el juicio que mantiene con el fondo Burford. Así, el expediente volverá al tribunal de Loretta Preska en el segundo distrito Sur de Nueva York, heredera de Thomas Griesa, verdugo en el juicio que había iniciado anteriormente el “buitre” Paul Singer.
La situación se generó el 22 de mayo pasado, cuando el Gobierno de Donald Trump, a través del procurador federal (solicitor general) Noel Francisco, resolvió recomendar a la Corte que el juicio que se le sigue al país por la manera en que se reestatizó la petrolera, permanezca en los tribunales norteamericanos. La Argentina sabe de qué se trata: es lo que ya ocurrió en el “juicio del siglo” que el país perdió contra los holdouts y fondos buitre durante la segunda gestión de Cristina Fernández.
Pedido a Trump
La Corte le había pedido al Gobierno de Trump su opinión el 7 de enero pasado y desde Buenos Aires se interpretó al hecho como un buen augurio. Se especulaba con que las muy buenas relaciones entre el presidente de EEUU y Mauricio Macri harían que, al menos, la administración norteamericana retrasara la decisión hasta que el clima financiero se estabilizara y el país pudiera volver a los mercados para tomar deuda y liquidar el pasivo que deje la causa. Sin embargo, el solicitor general no sólo emitió su opinión negativa en mayo (algo que Argentina descartaba), sino que además lo hizo de manera rápida y contundente. Esto es, a cuatro meses y cinco días. Francisco podía haber esperado hasta principios de noviembre para dar su dictamen.
El hecho de haber adelantado los tiempos hace comenzar a correr también el reloj de la Corte que tiene ahora cuatro semanas para anunciar su decisión. El gobierno de Macri esperaba que la resolución de la causa pasara a 2020. No pudo ser. Para el segundo semestre del año ya se sabrá cuánto deberá pagar el país. Curioso destino el de la gestión de Macri, que terminará este mandato como lo comenzó: negociando con acreedores por la manera en que se manejaron las finanzas y las reestatizaciones.
El origen
La causa se originó a partir de la aparición del fondo Burford Capital, una firma especialista en comprar a bajo precio casos judiciales con potencial de litigio internacional. Este fondo le adquirió a la Justicia española parte del manejo de la quiebra que las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías que la familia Eskenazi creó en ese país, pero que al momento de la reestatización ya había abandonado.
El Grupo Petersen las había presentado en concurso en los tribunales de Madrid, luego de la reestatización de YPF en 2012 y al no poder pagar las cuotas de la operación pactada para el ingreso del grupo argentino a la petrolera. Petersen había contraído la deuda con el compromiso de liquidar el ingreso a partir de los giros de dividendos, pero una vez que se reestatizó la empresa, el Gobierno prohibió la distribución de ganancias. Como el Grupo Petersen no contaba con los dólares para seguir con los pagos, y ante la imposibilidad de tomar deuda en el exterior a tasas razonables, presentó Petersen Energía y Petersen Energía Inversora en concurso en Madrid.
Es en ese momento en que entra en acción Burford. Compró la causa a la Justicia española en menos de u$s 30 millones, reclamando por la manera en que el Gobierno nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto de privatización definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Durante la reestatización, el Gobierno de Cristina Fernández no le dio importancia a este punto. El Congreso aprobó la compra de sólo el 51% de las acciones, luego de que en el recinto el entonces ministro de Economía Axel Kicillof descartara cualquier problema posterior afirmando: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Esta frase es ahora una de las argumentaciones centrales de Burford en la causa que tiene que definir la Cámara de Apelaciones de Nueva York.