La Corte Suprema de Justicia argentina ayer declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, promovida en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner.
El máximo tribunal del país invalidó la ley del Congreso que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección y remoción de los jueces. La modificación había sido promovida en 2006 por la actual vicepresidenta para acrecentar la representación de los puestos políticos en el Consejo.
La Corte encargó ayer al Congreso una nueva ley que regule el Consejo y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros. Por unanimidad, el máximo tribunal definió que la composición del Consejo no respeta el "equilibrio" de los sectores que seleccionan magistrados. Además, dispuso que el Congreso elabore una normativa que lo regule y el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la la ley no se sanciona antes de los 120 días corridos.
"Exhortar al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo", dispuso la Corte en el fallo. Los ministros de la Corte concedieron hasta el 14 de abril del 2022 para que "disponga lo necesario para la integración" del Consejo y que convoque a los organismos que representan a abogados, jueces y académicos para que elijan a los nuevos miembros.
"Transcurrido dicho plazo sin que se haya completado la integración mencionada, los actos dictados por el Consejo serán nulos", ordenó el alto tribunal. Anticipándose al fallo, el lunes pasado el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, con el objetivo de alcanzar una "representación más equilibrada".
El proyecto prevé sumar un juez, un abogado y un académico o científico, ninguno de los cuales "pertenece al estamento político", aclaró la vocera Gabriela Cerruti.
La reforma de 2006 dejó al Consejo con la integración actual de 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores de la mayoría, 2 legisladores de la minoría, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo.
La integración a la que volverá si el Congreso no resuelve una nueva, será la derogada en 2006, la 24.937, que disponía que el Consejo estuviera formado por el presidente de la Corte; 4 jueces; 8 legisladores (4 por cada cámara, 2 por el oficialismo, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); 4 abogados; 1 representante del Ejecutivo y 2 del sector académico.
Precisamente este eventual retorno a la vieja composición es lo que objetó el cortista Ricardo Lorenzetti, al entender que la Ley 24.937, sancionada en 1997, quedó derogada por la reforma de 2006 y ya no es válida.
En el fallo de 55 páginas, última instancia del cuestionamiento original del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte argumentó que "la noción de equilibrio de poder, basado en un sistema de frenos y contrapesos, constituye el principio rector de la teoría de división de poderes sobre la que se afirma el sistema republicano".
Para los cuatro jueces de la Corte, resultó central la intervención del convencional constituyente menemista César Arias, cuando afirmó que "la idea es lograr una presencia equilibrada, que la designación de los magistrados no sea privativa ni de los legisladores, ni de los miembros del Poder Ejecutivo, ni tampoco de la propia familia judicial".
Para el máximo tribunal, con la composición actual del cuerpo, no se cumple actualmente ese principio ya que "hay hegemonía si las reglas de funcionamiento del cuerpo arrojan como consecuencia que un estamento pueda imponerse a los otros en las decisiones relevantes".
"Es evidente que el estamento político cuenta con el número de integrantes suficientes para realizar, por sí, acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional", manifestaron los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
El Consejo tiene hoy siete representantes de la política -seis legisladores y un representante del Ejecutivo- y eso le otorga quórum propio y la mayoría absoluta del cuerpo, pudiendo aprobar todo aquello que se proponga, si existe acuerdo entre ellos. Pese a todas las objeciones, los actos del Consejo con la actual conformación serán válidos.
Télam
- Admiten que analizan cambios
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti (foto), dijo ayer que "una reforma del sistema judicial que incluya la reforma de la Corte Suprema de Justicia" es uno de los temas que en el Gobierno "se está discutiendo" y aseguró que tenemos "una Justicia lenta que no resuelve los problemas".
Cerruti hizo estas declaraciones en su habitual rueda de prensa de los jueves, minutos antes de que se conociera el fallo con el que la Corte declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura.
Consultada sobre una eventual reforma judicial, Cerruti recordó que el miércoles el presidente Alberto Fernández había planteado la necesidad de "abrir una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte".