La Cámara Nacional en lo Criminal expresó ayer su rechazo al proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, que prevé el traspaso de las causas penales al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Por unanimidad, en una acordada celebrada ayer, los camaristas cuestionaron la iniciativa del Ejecutivo que propone seleccionar a 23 magistrados del fuero nacional en lo criminal y correccional para cubrir los juzgados a crear en la fusión de los tribunales federales y penal económico.
La Cámara objetó la iniciativa de la "transferencia a CABA de los jueces del fuero nacional en lo criminal y correccional, la prohibición al Consejo de la Magistratura de convocar a concursos y la disolución de los juzgados y la reubicación de funcionarios y empleados". Definieron como un "agravante" que parte de la reforma impacta directamente en la "competencia" de esa cámara.
"El proyecto importa el completo desguace de nuestro fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistrados, que quedarán privados de funciones una vez que se agoten las causas", advirtieron. Sostuvieron que, en cuanto a los empleados del fuero, "tampoco se contempló ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios", lo que "se traduce en una afectación a la estabilidad" laboral. Los camaristas recordaron que "las únicas causales para el cese" en el caso de los jueces, son, además del cumplimiento de la edad, "su renuncia o remoción". Consideraron que la transferencia de jueces nacionales a la órbita local sin su consentimiento "podría generar reparos de índole constitucional". Télam