El extitular K de la AFIP Ricardo Echegaray fue denunciado por la actual administración del organismo recaudador por no reportar a la Justicia que Lázaro Báez debía $ 1.754 millones en impuestos impagos. La presentación se hizo el pasado 13 de noviembre ante el juez federal Sebastián Casanello. El magistrado, que investiga al empresario por lavado de dinero, avanza sobre el delito precedente e intenta determinar cómo fue la confabulación que le permitió al detenido titular de Austral Construcciones generar una gran fortuna durante los 12 años de administración K.
En la presentación el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior del organismo, Jaime Mecikovsky, le indicó a Casanello que el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart “fue engañado” por la cúpula del organismo de ese momento, encabezada por Echegaray y su segundo Rubén Ángel Toninelli. López Biscayart investigó a Báez por evasión entre 2014 y 2015 y lo sobreseyó “con informes falaces”, de acuerdo a la denuncia del organismo.
Báez y el presidente de Austral Construcciones Julio Mendoza habían sido denunciados en 2013 bajo la acusación de que la empresa insignia del empresario K había emitido facturas apócrifas para ocultar ingresos reales. Dos años después fueron sobreseídos por López Biscayart, que en junio del año pasado reabrió la causa.
En su presentación Mecikovsky aportó además un correo electrónico que en 2009 le había enviado Eduardo Roccatagliata, que era jefe de Sección Recaudación, para comunicarle que se había reunido con Mendoza y que el encuentro terminó con una discusión, de acuerdo a la presentación a la que accedió La Nación.
En el áspero encuentro Mendoza se quejó de que la AFIP en Resistencia le reclamó el pago de impuestos a una empresa de Báez, le pidió que se “deje de joder” y se jactó que Toninelli (que en ese momento era el número 2 del organismo) era “amigo” de ellos y “empleado” del conglomerado.
Echagaray además es investigado en la Justicia por la megaevasión durante el kirchnerismo de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, por $ 8 mil millones. Ante la Justicia, el exfuncionario K negó haber otorgado un plan de refinanciación tributaria especial a la empresa por la falta de pago a la AFIP del impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que desvió estos fondos para otras compañías del Grupo Indalo.