El gobernador de Jujuy Gerardo Morales derogó este miércoles por la noche el Decreto N° 1444-S/2020, que establecía una sanción de hasta $1 millón y arresto domiciliario para los médicos que se resistieran a trabajar en la lucha contra la pandemia.
La norma, publicada el pasado lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial de la provincia, trajo polémica en la provincia. Abarcaba a todo el personal del sector público y privado “que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios”.
Frente a la emergencia sanitaria, que en territorio jujeño llevó a una ocupación de alrededor del 90% de las camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en San Salvador de Jujuy, la disposición establecía “multas de $40 mil a $1 millón, más arresto y/o inhabilitación” para los profesionales mencionados, que serían cobradas a través del “procedimiento y trámite de Apremio previsto en la Ley N° 2.501″.
Desde el Ministerio de Salud de Jujuy, emitieron un comunicado que explicaba que la medida se tomó debido a que había alrededor de 150 médicos que no concurrían a trabajar a los centros de salud destinados a tratar pacientes con COVID-19, y se negaban incluso a recibir la notificación de que debían asistir a estos espacios.
La situación llevó a que tuviera que tomar intervención la Policía para poder hacer efectiva esta notificación. Una vez formalizada esta instancia, la gran mayoría de los profesionales acudió a trabajar.
Por este motivo, no hizo falta continuar con la medida y las autoridades sanitarias informaron que le pidieron al Gobernador la derogación de este decreto a partir de este jueves 3 de septiembre.
Según informaron desde el Ministerio, las sanciones económicas y disciplinarias fueron aplicadas a tres médicos.
El rechazo del personal
Instituciones y sindicatos que agrupan a médicos, enfermeros y psicólogos de Jujuy y otras provincias rechazaron este miércoles el decreto, firmado por Morales, que disponía la aplicación de multas y sanciones al personal sanitario que no cumpla con disposiciones del Gobierno local en el marco de la pandemia de coronavirus.
El Colegio de Psicólogos de la provincia expresó públicamente su “rotundo rechazo” a la norma. En un comunicado, denunciaron que la medida “pretende perseguir y silenciar a quienes están luchando con todas sus fuerzas en esta pandemia”. En este sentido, exigieron la anulación de la disposición por considerarla “inconstitucional, ya que va en contra de toda norma legal y atenta contra los derechos de cualquier ciudadano”.
Desde la Asociación de Profesionales Universitarios de Jujuy (Apuap) consideraron que la medida “es una muestra más del desprecio, el autoritarismo y la indolencia del Gobierno provincial hacia quienes están en la primera línea contra la pandemia cuidando la salud de la población”.
El Colegio Médico de la provincia también salió a rechazar la disposición y advirtió que “los términos del decreto implican una amenaza a la libertad y especialmente a la libertad de trabajo”.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Buenos Aires (Cicop), la CTA Autónoma de Jujuy y Profesionales de la Salud de Salta, fueron otras agrupaciones que manifestaron su rechazo a esta norma.
La diputada provincial del Frente de Todos Alejandra Cejas, adelantó en diálogo con Cadena 3 que pensaba llevar este conflicto a la Justicia, por considerar que “es una norma que roza lo ilegal, lo inconstitucional y roza la legalización del trabajo esclavo”.
“En Jujuy, si sos parte de los equipos de salud, te intimidan, te multan hasta $ 1 millon, te inhabilitan, te arrestan o te despiden, si no ’acatas ordenes o faltas a trabajar’. Aquí no se enteraron que la esclavitud se derogó en el año 1813″, escribió la legisladora en Twitter.