La Fiscalía Rural y Ambiental de la localidad correntina de Mercedes investiga una explotación arrocera ilegal que impidió, con la construcción de un terraplén, el libre escurrimiento de las aguas y secó el río Miriñay, en zona de los esteros del Iberá, por lo que se ordenaron allanamientos y tres personas fueron imputadas por el hecho delictivo. Un caso de alto perfil en medio de la sequía.
El fiscal Gerardo Cabral dijo que tras la investigación e informe realizado por personal del Escuadrón Nº 7 de Gendarmería Nacional, que incluyó fotografías y videos, se dispusieron allanamientos en la propiedad de la familia Perazzo, donde funciona la explotación arrocera de la firma Marcos Schmukler S.A. (oriunda de Entre Ríos) "y se secuestró maquinaria vial y estaciones de bombeo".
"El siguiente paso es destruir el terraplén, para lo que se solicitó apoyo de Vialidad provincial", detalló Cabral en declaraciones a Télam y remarcó que se imputó a tres personas por los delitos de "usurpación de aguas y daño agravado". Además, no descarta imputar a funcionarios del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) que debían ejercer el control, indicó.
Cabral afirmó que los imputados son "el propietario del campo, el propietario de la arrocera y el ingeniero agrónomo, que tenía a su cargo las funciones técnicas y operativas de la explotación arrocera". "Los ríos y las cuencas hídricas nos pertenecen a todos. La fauna íctica está destruida por este tipo de accionar", expresó el fiscal especializado en delitos ambientales y manifestó que se debe "velar por los intereses de todos".
La empresa dedicada al cultivo de arroz "no tiene permiso de concesión para el uso del agua", dijo Cabral y adelantó que "ahora la prioridad es destruir esta represa ilegal y restablecer el normal escurrimiento del agua". "Lamentablemente se llega a esta situación porque el organismo de control no está funcionando", añadió y cuestionó que el ICAA "está otorgando concesiones de agua como hace cuatro años; no se adaptó a la cuestión ambiental y de sequía existente".
El fiscal consideró que "se deben revisar las concesiones del uso del agua" y sostuvo que "la ley penal es el último escalón y se debe actuar porque las consecuencias de esta obra son graves, el ganado no tiene agua, la biodiversidad y la fauna están destruidas".
Por otra parte, reiteró que están buscando la maquinaria para destrucción del terraplén y que el agua vuelva a su caudal y que con este fin solicitaron el apoyo de Vialidad Provincial y no descartó pedir colaboración a Vialidad Nacional.
La arrocera de la firma Marcos Schmukler S.A construyó un terraplén sobre el río Miriñay, en zona de los esteros del Iberá, a unos 360 kilómetros al sur de la capital de Corrientes.
Finalmente, Cabral afirmó a Télam que se investiga un accionar delictivo similar "de dos firmas arroceras que estarían afectando el caudal del río Corriente, con el agravante de que se encuentran ubicadas en una zona de reserva".