La Justicia decidió la intervención por seis meses de la empresa Hotesur, propiedad de la familia Kirchner, sobre la que se investiga si era parte de una trama de corrupción. En un escrito, el juez federal Julián Ercolini designó a una interventora con las funciones de “información, administración y recaudación” en la compañía, dedicada al negocio inmobiliario, y cuyos accionistas son Florencia y Máximo, hijos de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
El magistrado justificó su decisión en que, tras la renuncia de los directores de Hotesur a finales del año pasado, ya iniciada la investigación judicial, el consejo de administración se encontraba “acéfalo y vacante”.
Hotesur gestionaba un hotel de lujo en la turística localidad de El Calafate, en el sur de Argentina, en el que, según la acusación, empresarios adjudicatarios de obra pública durante los mandatos de los Kirchner contrataban habitaciones que luego quedaban vacías, en un proceso que se investiga si formaba parte de un presunto retorno de dinero público a las arcas del matrimonio presidencial.
Por esta investigación, en 2016 la Justicia también embargó los 4,66 millones de dólares que contenían las cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como 1,03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (unos 3.100 dólares) de otra, un dinero que ella dijo que era producto de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.
Ante la intervención, el juez Ercolini designó dos interventores judiciales Raquel Moyano, quien ya tiene ese rol sobre el condominio conformado por Máximo y Florencia Kirchner, y un contador público que será sorteado quienes “deberán presentar informes de rendición de cuentas mensual, arbitrar los medios necesarios para mantener el patrimonio existente, evitar su disminución, deterioro o pérdida, al tiempo que también deberán continuar con las actividades comerciales desarrolladas hasta el momento”.
El juez ya había dispuesto varias medidas cautelares, como el embargo e inhibición de bienes de los acusados. Y ahora sumó la intervención judicial, que había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita. El pedido del funcionario judicial se basó en que la firma estaba acéfala porque se había quedado sin directores, que son quienes deben encargarse de la administración y el control de la empresa. En Hotesur, eran Romina de los Ángeles Mercado y Rocío García, sobrina y nuera de Cristina Kirchner, pero renunciaron en noviembre de 2017. Los accionistas Máximo y Florencia Kirchner les aceptaron las renuncias pero no designaron a nadie para que ocupara esos cargos.
“Debe tenerse en cuenta que el día 20/12/17 los accionistas de la firma Hotesur SA aceptaron la renuncia de sus directores titulares y suplentes y no designaron a ninguna persona en su reemplazo, por lo que su órgano de administración (directorio) se encuentra acéfalo y vacante”, explicó el juez y agregó que esto significa que “en la práctica la sociedad no pueda funcionar, ya que aquél es el órgano que decide, ejecuta y materializa los negocios de la sociedad día a día”. Ercolini señaló que con la intervención judicial “se puede conservar el patrimonio de la empresa cautelada, continuar con los negocios desarrollados hasta el momento y subsanar las deficiencias en lo que hace a su administración”. La decisión de Hercolini viene a complicar más la situación de CFK quién, además de esta investigación, está vinculada en al menos cinco causas más: la “ruta del dinero K”, donde está implicado Lázaro Báez; la de encubrimiento que denunció Alberto Nisman; la causa “Los Sauces”; la de “dólar futuro”; y la que denunció Elisa Carrió por la obra pública.