En enero de 2018, quedó sin efecto la ley que fuera aprobada a partir de la crisis del 2001 y que fue renovada varias veces por el Kirchnerismo. Se trata de la Ley de Emergencia Económica Nº 25.561, que en su art. 16 preveía el agravamiento indemnizatorio para los despidos injustificados o sin causa. En ese sentido, la norma suspendía "los despidos sin causa justificada" y estableció, que los empleadores que disolvieran vínculos laborales con sus empleados en contravención a esta norma, se les duplicaría el pago de la indemnización que correspondiese.
La falta de renovación de vigencia de esta importante ley para protección de los derechos de los trabajadores, coincide con la intención trunca del oficialismo nacional de modificar el paquete de legislación laboral básico: Ley de Contrato de Trabajo, Ley de Empleo, Ley de Asociaciones Sindicales, y la que regula los convenios colectivos de trabajo.-
En julio de este año, fue presentado un proyecto similar al de la Ley de emergencia caduca, por la economista Fernanda Vallejos, diputada del FpV-PJ que buscó frenar la ola de despidos tanto en el ámbito público como en el privado, con las siguientes medidas:
- Prohibición de los despidos y suspensiones sin causa en el ámbito público y privado hasta el 10 de diciembre de 2019.
- Doble indemnización. En caso de despedir el empleador deberá abonar a los trabajadores damnificados el doble de la indemnización que corresponda por ley.
- Reapertura de las paritarias.
Lo cierto que es este proyecto no prosperó, con lo cual continuaron las complicaciones reflejadas en el aumento de despidos, por ello se abrió una mesa de diálogo entre gremios y cámaras auspiciada por el Gobierno para trabajar sobre este punto clave: evitar los despidos.
Se abrió una etapa conciliatoria con el sindicalismo, y el gobierno “les pidió” a los empresarios que antes de despedir, lo informen a Trabajo, con diez días de anticipación, para buscar una alternativa, y procedió a dictar el decreto que establece el pago de un bono no remunerativo obligatorio de $5.000 para los trabajadores del sector privado y fija un nuevo trámite para los despidos sin justa causa, estableciendo asimismo una instancia administrativa previa y obligatoria, y la obligación de la empresa de comunicarlo al Ministerio de Trabajo y al Sindicato correspondiente. También, se dispuso el aumento acordado para los trabajadores estatales y eventualmente un plus para planes sociales y jubilados.
Los sindicatos y expertos laboralistas advierten que en vez de contener la situación complicada del sector, sólo aumentará la caída de la actividad y del empleo, dado que cada vez hay más firmas que trabajan a media marcha, ejemplificó el titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo.
Los especialistas señalaron, que el problema con el que se encuentra el último decreto firmado, es que se refiere únicamente a los despidos, y no prevé las suspensiones, que la mayoría de las veces están encubiertas como reducción de jornada o vacaciones anticipadas, actitud que tomaron las empresas desde mediados de año.
Asimismo, cada vez hay más empresas con procedimiento de crisis en la Subsecretaria del Trabajo, y al igual que concursadas o en quiebra. El panorama no se presenta alentador para fin de año, aunque el gobierno ha intentado revertir la situación con algunas medidas como las señaladas, demostraron a las claras que han sido insuficientes y tibias para salvar la situación de empresas y trabajadores.
Colaboración: Vanesa Débora Mestre / Abogada (Matrícula San Juan 3278- Matrícula Mendoza 6118 – Federal T. 78- F. 316)/ Miembro Instituto Derecho de Expresión y Libertad de Prensa – Asociación Argentina de Justicia Constitucional/ Teléf.2644189975 / General Acha 365 (Sur) Primer Piso, Ciudad, San Juan/ E-mail :juridicomestre@yahoo.com.ar.