Un preso aspira a ser indemnizado con la suma de 60 mil pesos, tras considerarse despedido “arbitrariamente” en su trabajo dentro de un penal, ante lo cual el Procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, dijo que está “todo patas para arriba” y que “el derecho laboral dentro de la cárcel hay que discutirlo mucho”.
La Defensoría General de la Nación (que representa al preso) aclaró que aún no hay una demanda formal sino que se trata, por ahora, de “la intimación previa que exige la ley”. “El peticionante, quien cumple una condena en una unidad de detención de (el partido bonaerense de) Ezeiza, el 13 de noviembre de 2013 fue despedido arbitrariamente del taller de panadería por agentes del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal (Encope) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), sin que se le asigne una nueva tarea”, sostuvo la Defensoría.
Precisó además en un comunicado que el Encope “tramitó ante la AFIP la baja registral de nuestro representado como trabajador en relación de dependencia”. “Por consiguiente, resulta errónea la información que indica que el reclamo indemnizatorio se fundamenta en un traslado entre unidades del SPF, sino que éste tiene su origen en un despido arbitrario que se produjo ocho meses antes del mentado traslado”, se añadió.
Según difundieron ayer diversos medios, un condenado a prisión perpetua por asesinar a un policía federal y herir a otros dos efectivos en Palermo, en 2000, exige una indemnización por el traslado de un penal a otro, que lo perjudicaría en sus tareas laborales que realiza en el ámbito carcelario.
El preso fue trasladado desde la cárcel porteña de Devoto hacia la de Ezeiza y en el nuevo penal le asignaron otras funciones, por lo que debía arrancar a trabajar a las 4 de la mañana en la panadería. Este cambio en las condiciones de contrato es el principal argumento para pedir el dinero a modo compensatorio, por lo que presentó una demanda en la Justicia Laboral a través del defensor nacional Sebastián Tedeschi.
El procurador Mugnolo (ombudsman de los presos) admitió que está “todo patas para arriba” y pidió a las autoridades que sancionen un nuevo marco normativo en materia de trabajo para los reclusos. “Está todo desarmado, todo mal. Está todo patas arriba, hay que rehacer esta estructura del Estado para que sea mucho más eficiente y más justa”, consideró en diálogo con la prensa.
Para Mugnolo, “el derecho laboral dentro de la cárcel hay que discutirlo mucho, ya que hay cosas que no se pueden asimilar” como que se traslade a “un preso del Gran Buenos Aires al Chaco” y que “entonces llega allí y no tiene trabajo y dice: ‘Me hicieron perder el trabajo y por lo tanto reclamo‘”. Afirmó que “hay presos que trabajan muy poco y después están todo el día sin hacer nada” por lo que -subrayó- “hay que reglamentar” una normativa laboral especial para los reclusos.
A fines del año pasado hubo polémica ante reclamos de presos por obtener el equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil, aguinaldo y vacaciones (o en su defecto que se las paguen). También pretenden que el Estado les abone un seguro de desempleo en concepto de indemnización cuando recuperan la libertad y pierden el ingreso. DyN

