El gobierno de España consideró ayer que la decisión argentina de expropiar YPF ‘es una medida hostil‘, ‘arbitraria‘ y ‘discriminatoria‘, que ‘rompe el principio de la seguridad jurídica‘ y ‘el clima de cordialidad y amistad‘ entre los dos países, al tiempo que ‘amenaza a cualquier inversor internacional‘.
Luego de una reunión convocada de urgencia en Madrid por el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, los ministros de Asuntos Exteriores, José María Margallo, y de Industria, José Soria, adelantaron que el gobierno de España ‘tomará las medidas claras y contundentes que sean necesarias‘ y que se anunciarán ‘en los próximos días‘.
‘Es una decisión hostil contra Repsol y por lo tanto contra España‘, advirtió Soria, quien señaló que ‘el gobierno español actuará en consecuencia‘. Ambos ministros calificaron como ‘arbitraria, hostil y discriminatoria‘ la decisión del gobierno argentino porque -insistieron – ‘cualquier gesto de hostilidad contra una empresa española es un gesto de hostilidad hacia España‘.
El canciller español resaltó que la medida ‘rompe el clima de amistad y cordialidad‘ entre los dos pases y cuestionó que las autoridades argentinas no cumplieron ‘con el pacto verbal‘ al que las partes habían arribado el 28 de febrero último, donde se estableció que ‘cualquier diferencia debía resolverse por la vía del diálogo y amistosamente‘. ‘Al romper el principio de seguridad jurídica amenaza a cualquier inversor internacional‘, afirmo Margallo, quien admitió que las autoridades de ese país sienten ‘indignación‘ por la decisión del gobierno nacional sobre YPF.
Según el ministro Soria, tras ese viaje trató de fijar una fecha para establecer negociación. Para el gobierno de España, según reafirmaron los ministros, la medida adoptada por la Argentina afecta a los accionistas españoles de Repsol y es también ‘extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino‘ porque vulnera el ‘clima de confianza que necesitan los inversionistas internacionales. España podría dejar de importar soja argentina.
En tanto, la empresa Repsol, a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, calificó ayer de ‘manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria‘, a la decisión del gobierno argentino de enviar al Congreso un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento de las acciones Clase D que la petrolera española tiene en YPF.