El Gobierno pagará más de 180 mil dólares a la familia de un joven chileno desaparecido, presuntamente víctima de persecución policial, el 3 de octubre de 2003 en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, de acuerdo a una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se trata de trata de Iván Eladio Torres, cuya ausencia ‘se encuadra en la figura de desaparición forzada de personas, que se encuentra prevista en la Convención Interamericana incorporada por ley 24.820 a la Constitución Nacional‘, según admitió incluso la propia Corte Suprema argentina.
Ayer, mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 2343/2013, el Estado Argentino dispuso pagar la indemnización que estableció la condena del tribunal internacional, que asciende a 182.043,02 dólares ‘con más los intereses moratorios que correspondan‘ a la familia de la víctima.
El decreto recuerda que ‘con fecha 26 de agosto de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia ordenando al Estado Nacional al pago en concepto de indemnización por daño material e inmaterial a favor de las víctimas del caso‘.
La norma lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández; del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y de los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman; de Economía, Axel Kicillof, y de Justicia, Julio Alak. Torres vivió desde pequeño en Chubut, donde hacía ‘changas‘ y desarrollaba algunas actividades solidarias con niños desamparados. Fue visto por última vez cuando fue subido a un patrullero de la policía chubutense; otros testigos relatan haber escuchado sus gritos en una comisaría, presuntamente por aplicación de tormentos. Al momento de su desaparición Torres tenía 24 años y vivía con su madre, quien llevó el caso hasta los tribunales internacionales, ante la falta de respuesta en la Justicia argentina.