Es imposible predecir qué impacto tendrá en la sociedad argentina la puerta que fue abierta esta semana a partir de las denuncias por abuso sexual de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthéz, o la de Claudia Guebel contra el senador radical Juan Carlos Marino. Lo que sí es cierto es que hay un sector de la sociedad que está exigiendo un cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y por segunda vez en estos tres años de gobierno (la primera fue la habilitación de la discusión por el aborto), el presidente Mauricio Macri respondió las demandas con política.
Por un lado, en un acto en la residencia presidencial de Olivos acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, FabianaTúñez y la primera dama Juliana Awada, Macri lanzó el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020, que apunta a que el Estado impulse una serie de medidas para luchar contra la violencia de género y la desigualdad que marca las relaciones profesionales entre hombres y mujeres.
Pero además, el Gobierno escuchó el reclamo de un grupo de diputados opositores que le envió una carta al Presidente para reclamar que en el temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso sea incluido el proyecto conocido como "ley Micaela", que establece la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
En ese sentido se expresó la legisladora Lucila De Ponti: "Nosotros insistimos en que se vote la ley porque no nos alcanzan los anuncios o declaraciones que se hacen cuando se mediatiza un tema, pero que después no se llevan a la práctica. Sancionar este proyecto, acordado desde diversos bloques, garantiza avanzar en la implementación efectiva de estas políticas".
En la misma línea, la diputada Analía Rach Quiroga, una de las autoras del proyecto que hace referencia a Micaela García, la joven que fue abusada y asesinada por un hombre en la ciudad entrerriana de Gualeguay en abril de 2017, destacó que "resulta urgente el tratamiento de esta ley porque es obligación del Estado generar políticas y herramientas tendientes a prevenir, capacitar y sensibilizar en la lucha contra los femicidios".