La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue imputada ayer por el fiscal federal Gerardo Pollicita por el presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado contra la AMIA, tal como lo había denunciado antes de su muerte Alberto Nisman.
Según el requerimiento de instrucción redactado por Pollicita y publicado en el sitio fiscales.gob.ar fueron imputados, además de la presidenta y el canciller Héctor Timerman, los demás mencionados en la denuncia del fiscal Nisman: el diputado Andrés Larroque, los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche; el dirigente islámico Jorge Yusuf Khalil, el exjuez Héctor Yrimia y Ramón ‘Alan‘ Bogado.
Pollicita, a cargo de investigar la denuncia por encubrimiento que presentó Nisman antes de su muerte, requirió el avance de la investigación. Pero dejó de lado los pedidos de indagatoria a Cristina y a Timerman que había solicitado y publicitado en los medios el fiscal Nisman.
En su demanda, Nisman, fiscal especial de la causa sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, había acusado a la presidenta, a Timerman y a dirigentes vinculados al oficialismo de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado a cambio de intensificar las relaciones comerciales con Irán.
En su denuncia, Nisman sostuvo que el memorándum de entendimiento firmado en 2013 entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA tenía, en realidad, el fin de sellar la impunidad de los acusados y activar una relación comercial que implicaba el intercambio de petróleo por granos.
El fiscal fallecido sostuvo que se buscó un acuerdo comercial antes de la firma del memorándum con Irán, supeditado a que se levantaran los pedidos de captura internacional contra cinco de los iraníes acusados de planificar el atentado a la mutual judía.
El Gobierno niega haber pedido la baja de las alertas rojas que estableció la Policía internacional contra los iraníes acusados, como señalaba Nisman entre otras pruebas para formular el pedido de indagatoria. Pollicita imputó a Crisitna, pero no la llamó a indagatoria. Según expertos, ‘la imputación es una etapa previa. Si el fiscal pide indagatoria considera que existe verdadero estado de sospecha y en virtud de eso decide solicitarla que es el paso para solicitar, por ejemplo un procesamiento‘.
En cambio, ‘en la denuncia de la imputación se pide la investigación del caso y ahí se verá si existen elementos o no para indagar. La fiscalía no tiene la obligación de llegar a un procesamiento de indagatoria siempre. Ante posible delito tiene que si o si iniciar la investigación. En virtud de esos elementos determinará si hay elementos sólidos para solicitar una indagatoria‘.
El dictamen de Pollicita fue presentado ayer en el juzgado de Daniel Rafecas, quien decidió adelantar su regreso de las vacaciones parar estar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py y analizar el planteo del fiscal imputando a Cristina.
Pollicita basó parte de su imputación a la Presidenta y a Timerman en la intención del Gobierno de dar de baja a las circulares rojas de la Policía internacional y su interés comercial con Irán. En su dictamen, Pollicita también hizo referencia a la ‘diplomacia paralela‘ de Luis D’Elía y el diputado de La Cámpora Andrés Larroque, entre otros, que llevó adelante las negociaciones con Irán.
Basado en la denuncia que Nisman presentó en enero, el fiscal sostuvo que ‘el acercamiento que llevó a la suscripción del Memorando, no ha sido motorizado por Irán, sino que fueron las autoridades argentinas las que fomentaron el acercamiento con miras a materializar la maniobra reprochada‘, es decir, el supuesto encubrimiento.
‘Resulta claro que los iraníes sólo firmaron el Memorando de Entendimiento por haber acordado que ello sería suficiente para dar de baja las notificaciones rojas‘ de la Policía internacional, sostuvo Pollicita.
La acusación de encubrimiento contra la jefa de Estado y el canciller, entre otros imputados, fue varias veces rechazada por la Casa Rosada e incluso ayer la propia Procuración del Tesoro la refutó, bajo el argumento de que no tenía sustento probatorio y que es ‘un entramado ficcional‘. Para el fiscal también hay ‘numerosa evidencia que demuestra un fuerte interés comercial subyacente a las probadas acciones criminales direccionadas a garantizar impunidad, y que apuntaba a restablecer relaciones comerciales al nivel de los estados‘.
¿Sin valor?:
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, evaluó que ‘no tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia‘.
Desde la oposición, el precandidato presidencial por el Frente Amplio Unen (FAU) Julio Cobos consideró que ‘no es normal tener en un país un vicepresidente procesado y una Presidenta con un pedido de imputación’, en alusión a Amado Boudou y a Cristina. También el presidente del bloque de diputados por el Frente Renovador, Darío Giustozzi, afirmó que ‘es muy grave‘ tener al vicepresidente procesado y ahora a la presidenta imputada por el presunto encubrimiento de Irán en la causa por el atentado a la AMIA. Fuentes: DyN y Télam