El fiscal federal Ramiro González imputó ayer por el delito de cohecho al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, por haber recibido un bono de 500 mil pesos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), entidad que presidía antes de ser designado como funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, suma que el funcionario le devolvió a la entidad la semana pasada.
El funcionario judicial elevó un requerimiento de instrucción ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, para que ordene medidas para determinar si Etchevehere cometió un delito de acción pública cuando reconoció que la SRA le otorgó plata en concepto de reconocimiento extraordinario por haber dejado su cargo.
A raíz de una denuncia que fue presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, González sostuvo que los estatutos de la SRA consignan que “los cargos son honorarios”.
Además, el fiscal remarca en su pedido de requerimiento que “varios dirigentes de la entidad ruralista enviaron una nota de queja a Daniel Pelegrina, sucesor del actual titular de la cartera de Agroindustria, al conocer el pago de esta “compensación”.
El fiscal cita que el caso motivó una intervención de la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso, y que desde ese organismo le habrían hecho notar al ministro que en base a la normativa vigente no podía recibir dinero de una entidad privada porque ello sería equiparable a la figura de la dádiva.
Al respecto, el fiscal le pide al magistrado que realice una serie de medidas de prueba, entre ellas que pida las notas que la Oficina Anticorrupción le envió a Etchevehere, referidas al pago de este bono, y que esa dependencia oficial consigne “si inició alguna investigación al respecto”.
El fiscal solicita que la Inspección General de Justicia de la Nación le remita al juez “copias certificadas del acta de constitución y directorio de la Sociedad Rural Argentina”, en especial las vinculadas a la designación de Etchevehere como presidente.
También se solicitó al magistrado que se incauten los libros contables y las actas en las cuales “se asentó la votación de los integrantes de la Comisión Directiva de la Sociedad que se expidieron en forma afirmativa y negativa en relación al pago del bono”.
La SRA consignó en un breve comunicado que entregó la documentación solicitada, y que ese “material respalda el proceder transparente de la entidad, que en todo momento actuó conforme al estatuto de la institución”.
Etchevehere informó el jueves de la semana pasada, a través de la red social Twitter, que había devuelto los 500.000 pesos, suma que calificó de “reconocimiento extraordinario” por parte de la SRA.
“Dicha operación corresponde a la devolución de igual importe que me fuera otorgado como reconocimiento extraordinario en su oportunidad por esa entidad”, especificó el ministro.
“De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, convencido de haberlo hecho con absoluta corrección, y la necesidad de destinar mis energías a desarrollar el cargo sin distracciones estériles”, concluyó Etchevehere.
El 21 de noviembre, Etchevehere juró como ministro. Pocos días después, le pidió a la entidad de la que provenía una compensación por medio millón de pesos. Circularon distintas versiones sobre el motivo por el cual solicitó aquel “bono”, según la prensa porteña. Por un lado, que había una diferencia o compensación impositiva producto del salario que cobraba como titular de la entidad. Por el otro, que se trata de una “gratificación” por sus servicios durante cinco años. Y por último, que no podía afrontar el período de tres meses que suele demorarse la administración pública nacional en efectuar los trámites para iniciar el pago de salarios y que por ello les pidió un “adelanto”. Fuentes del sector advierten que de haberse tratado de una compensación impositiva, ésta no hubiera necesitado de una reunión y aprobación por parte del consejo directivo. Télam