Diputados del bloque del Frente para la Victoria presentaron sendos proyectos de ley en los que proponen que la vigencia del crédito de recarga de telefonía móvil en la modalidad prepaga no caduque a los 30 días, como sucede actualmente, sino que expire como mínimo a los seis meses.
La primera de las iniciativas, presentada por el chaqueño José Mongelo, propone la modificación de la Ley 25.891 de Servicios de Comunicaciones Móviles al establecer que “la vigencia del crédito de recarga no caducará y el vencimiento del saldo utilizable será al momento de agotarlo, sin restricción en el límite de tiempo”.
El otro proyecto, que lleva las firmas de Hernán Avoscan (Río Negro); Adriana Puigróss (Buenos Aires) y Adela Segarra (Buenos Aires), contempla que el saldo acreditado “tenga un vencimiento de 180 días, sean para el uso de comunicaciones de voz, mensajería de texto o multimedia o paquetes de datos para la navegación en internet‘.
Ambos proyectos fueron girados a las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Comercio, que ahora deberán considerar si deciden avanzar en el estudio. Al explicar los motivos que lo llevaron a presentar la iniciativa, Mongelo dijo que “en la actualidad un amplio sector de usuarios, principalmente de bajo consumo, accede a los servicios de telecomunicaciones móviles disponibles utilizando tarjetas de telefonía prepaga”.
“La diversidad en la modalidad de tarjetas, su uso, precios, promociones, son beneficiosas para el usuario y consumidor final, a no ser porque en todos los casos de recarga de saldos se le impone un límite de tiempo en los beneficios y saldos utilizables, que generalmente tienen poca duración no habiendo en algunos casos diferencia con la modalidad de abono mensual”, agregó.
El legislador agregó que “la facturación por los minutos utilizados en éste sistema es notoriamente mayor al servicio disponible en la modalidad denominada abono, por lo que deviene que el tiempo de permanencia en los saldos utilizables debería ser sin límites de tiempo”.
Por su parte, Avoscan señaló que “en la actualidad, en los casos que los usuarios no utilizan en su totalidad el crédito adquirido para las comunicaciones de voz, mensajería de texto o multimedia y bytes de navegación para internet, la compañía prestadora del servicio reserva para sí dicho excedente”.
“Por otra parte, las empresas de telefonía insertan al mercado múltiples promociones otorgando crédito a bajo costo (modalidad con tarjeta o carga virtual) otorgando un tiempo acotado para su utilización, siendo imposible el consumo total de lo comprado”, aseveró.
Recientemente se divulgaron otras iniciativas en Argentina para proteger a los usuarios de teléfonos celulares, que suman 57,2 millones de unidades en el país (son más que el número de habitantes).
A fines de mayo pasado, la presidenta Cristina Fernández divulgó una resolución que establece que sólo se cobra una comunicación desde el momento en que una llamada es contestada. A principios de septiembre el Senado argentino dio media sanción a la creación del registro ‘No llame‘ para evitar publicidad telefónica. El proyecto prevé que cualquier usuario pueda anotarse para no ser contactado por empresas que ofrezcan bienes o servicios no solicitados. Incluye los mensajes de texto, pero no campañas políticas.