El oficialismo tiene previsto introducir una serie de cambios en el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal como el de retirar el requisito de los cinco años de antigüedad como fiscal general que se le exigen a quien sea postulado para encabezar una procuraduría o una unidad especializada.
Las modificaciones fueron ordenadas desde la Casa Rosada como respuesta a las críticas recibidas por el proyecto que esta semana obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de Diputados y que el miércoles se debatirá en el recinto de sesiones.
Entre los cambios estratégicos que ordenó el Gobierno, el principal fue la modificación de uno de los requisitos que debe cumplir un fiscal para poder hacerse cargo de una procuraduría.
El proyecto, que obtuvo dictamen de mayoría con el acompañamiento del Frente Renovador (FR) y Progresistas, establecía que solo podrá ser titular de una procuraduría un fiscal propuesto por el Procurador General que tenga cinco años de antigüedad como fiscal general.
‘Eso implicaría el cese de sus funciones de casi la totalidad de los actuales magistrados a cargo de esas procuradurías o unidades especializadas‘, le dijo a Télam un fiscal que analizó el proyecto de ley con detenimiento.
Ese artículo del proyecto de ley también fue cuestionado por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes sostuvieron que implicaría el inmediato desplazamiento del fiscal Pablo Parenti, a cargo de la unidad especializada en el robo de bebés durante la última dictadura.
Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que el reclamo fue escuchado, y que de cara al debate en el recinto de la cámara baja ‘se va a retirar el requisito de los cinco años para ser titular de procuradurías‘.
Los diputados de Cambiemos también recibieron la indicación de ajustar el artículo que establece que los magistrados que fueron trasladados de sus jurisdicciones originales retornen a sus cargos en el plazo de 48 horas: ese artículo deberá abarcar solo los últimos cinco años.
El proyecto que obtuvo dictamen de mayoría, sin respaldo del Frente para la Victoria, establece que ‘todos los magistrados a los que se les hayan asignado funciones que impliquen un trasladado de la jurisdicción, para la que recibieron acuerdo, deberán retornar a su cargo dentro del plazo de 48 horas‘.
De aprobarse como fue redactado, 37 fiscales de distintos puntos del país deberían retornar a sus cargos originales en el lapso de dos días, lo que podría perjudicar el desarrollo de muchos juicios, incluso algunos relacionados con casos de corrupción.
Un ejemplo ilustrativo: el fiscal federal Guillermo Marijuan, que interviene en el caso por el cual está detenido el empresario kircherista Lázaro Báez, era fiscal adjunto en el fuero Criminal y Correccional Federal y en 2004 fue trasladado, por el entonces procurador Esteban Righi, a la Fiscalía Criminal y Correccional Federal número 9.
‘Se prevé que sean desandados sólo los traslados de los últimos cinco años. Se va a introducir en el recinto junto con otros ajustes‘, aseguró una fuente del Ministerio de Justicia que además dejó a entrever que solo se desharían los traslados dispuestos por la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó.
El objetivo clave
La estrella de la reforma plantea limitar el mandato del procurador general, que actualmente tiene carácter vitalicio, a cinco años de duración, con la posibilidad de renovar por cinco años adicionales sólo a propuesta del Poder Ejecutivo.
Si los traslados de los últimos cinco años fueran anulados, quedarían vacantes 12 fiscalías, entre ellas dos en Comodoro Py, en las que deberían designarse nuevos titulares con acuerdo de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, presidida por la diputada del FR Graciela Camaño.
UFI-AMIA
Otro de los puntos cuestionados del proyecto fue la omisión de hacer referencia a las Unidades Especiales de Investigación como la UFI-AMIA o como la UFEM, enfocada contra la violencia de género. El ministro de justicia Germán Garavano intentó espantar fantasmas y en diálogo con Radio Continental señaló: ‘El proyecto tiene algunas unidades indicativas, algunas pautas mínimas; lo mismo que la unidad fiscal AMIA que son unidades fiscales que no hay problemas que sigan‘. Fuentes de la Casa Rosada aseguraron que, aunque está en previsto que así sea, la continuidad de la UFI-AMIA la decidirá quien ocupe el cargo de Procurador General que el gobierno le reclama a Gils Carbó, ‘o podría transformarse en la nueva procuraduría contra el terrorismo‘.