La Cámara de Diputados desarrolló ayer una sesión especial para tratar 11 temas, a pedido del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez.

El primer tema a debatir fue la Ley 20.628, del Impuesto a las Ganancias, y se aprobó de forma unánime una "modificación del artículo 27, sobre exención para profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, en remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias". De esta forma, la exención impositiva recibió 222 votos afirmativos y uno negativo.

En el debate, casi todos los legisladores coincidieron en que esta media sanción se trata de "un parche", e hicieron críticas al sistema tributario. Así, mientras dirigentes de Juntos por el Cambio, como el economista Martín Tetaz, dijeron que todos los impuestos desalientan la actividad, en el Frente de Izquierda tildaron de injusto que exista un "impuesto al salario", remarcando en la necesidad de eliminarlos y aumentar las cargas contra el capital concentrado.

 

  • ALIMENTOS

Por amplia mayoría, con 225 votos a favor, 1 en contra -del liberal José Luis Espert- y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que establece la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).

El objetivo es conformar una base de datos nacional que permita sancionar a los progenitores que no cumplan con las cuotas que deben abonar para la manutención de sus hijos.

La iniciativa se aprobó casi por unanimidad. Espert sostuvo que si bien el proyecto "persigue fines loables" es "inconstitucional" porque tiene carácter procesal, materia que es de competencia exclusiva de las provincias.

En la actualidad, las 24 jurisdicciones de nuestro país cuentan con su propio registro de deudores alimentarios morosos; lo que propone esta iniciativa es concentrar en un registro nacional toda esa información. Los deudores que allí figuren estarán impedidos a realizar una serie de actividades, desde no poder renovar su registro de conducir o su pasaporte, hasta abrir un local comercial o participar de espectáculos deportivos o ir a un casino.

"El proyecto dispone medidas restrictivas a determinadas actividades con el propósito de compeler, de exhortar al deudor a que cumpla con su obligación", arrancó el diputado oficialista Lucas Godoy, presidente de la Comisión de Legislación General.

Desde Juntos por el Cambio, Carla Carrizo enfatizó que esta iniciativa "no es contra nadie" sino que busca "hacer más difícil que se viole el derecho a la alimentación en la Argentina".