En otra jornada frenética para el Gobierno nacional en la que hasta se abrió un frente de conflicto con el Gobierno de Colombia, el presidente Javier Milei pateó el tablero ayer, y cuando nadie se lo esperaba, decidió "retirar todo el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus o Ley Bases" lo que implica un golpe político para los planes del Gobierno libertario. Además, se abre un escenario de consecuencias imprevisibles para la economía en general y para las cuentas del Estado nacional y las provincias en particular. Es que el capítulo fiscal de la ley comprende la suba de las retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo de capitales, la moratoria, impositiva, la reversión de la reducción del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría y la movilidad jubilatoria. Con estas herramientas fiscales, el Gobierno había diagramado su hoja de ruta camino hacia el déficit fiscal cero, su mayor meta al comenzar su gestión. Al retirar este capítulo, la Ley Ómnibus -que en la negociación con los gobernadores perdió unos 140 artículos de los más de 600 originales- ahora se queda sin la columna vertebral. Y se abre otro interrogante igualmente inquietante: ¿logrará salvar el resto de la ley el Gobierno cuando la someta a votación en el recinto de la Cámara de Diputados?

A priori, el Gobierno argumentó su jugada en que retirar el paquete fiscal, "allanará el camino para aprobar la ley", pero de paso avisó que no se desviará del plan de alcanzar el déficit cero, lo que implicará un ajuste mayor, tal como lo advirtió el ministro de Economía, Luis Caputo, el miércoles pasado en medio del paro de la CGT. Y apuntó directamente a un mayor ajuste de la provincias.

Precisamente, Caputo fue quien enfrentó la cámara anoche a las 20 para informar que el Gobierno abandonaba, al menos por ahora, su intención de avanzar con el ajuste fiscal contenido en la Ley Ómnibus y se quedaba con las manos vacías ya que resigna la parte medular, el corazón el la ley.

"Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases para facilitar y acelerar la aprobación" de los restantes artículos de la ley, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

El tramo que queda en pie del proyecto de ley, en base a las palabras de Caputo, es la "parte estructural, que es lo que va a generar el crecimiento", entre las que se encuentran las iniciativas "de desregulación (con las) que le sacamos el pie de la cabeza al sector privado". A renglón seguido, el ministro enfatizó la decisión del Gobierno de "mantener nuestro compromiso de equilibrar las cuentas fiscales; de alcanzar el déficit cero".

Caputo dijo que las medidas de ajuste "se están evaluando" y abarcarán a "la política, a la Nación y a las provincias".

Sobre el capítulo fiscal que se retira del proyecto, Caputo dijo que son los puntos vinculados con el "blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de fórmula jubilatoria".

Entre los puntos mencionados como parte del capítulo fiscal del proyecto de Ley Bases que se retira, Caputo incluyó la reforma del impuesto a las Ganancias, una iniciativa que fue enviada de manera separada por el Poder Ejecutivo para su tratamiento.

La decisión del Gobierno fue anunciada luego de largas y complejas discusiones con los bloques de la Cámara de Diputados y tras varias sesiones de exposición a cargo de representantes de diversos sectores de la sociedad que se refirieron a múltiples artículos de la iniciativa.

La jugada del Gobierno puede leerse como un dura derrota, pero también como redoblar la apuesta ya que había cedido a coparticipar con las provincias el blanqueo de capitales y les devolvía lo quitado de Ganancias por Sergio Massa. Además, sin más recaudación por la suba de retenciones o ingresos por moratoria o Bienes Personales, será menor la masa de fondos para transferir a las provincias. Es decir, que Milei está cumpliendo su promesa a los gobernadores: "Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos".

 

> El FMI votará el envío el 31 de enero

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará el próximo miércoles, 31 de enero, el acuerdo técnico alcanzado con Argentina en el marco de la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas, informaron ayer fuentes gubernamentales.

La aprobación del Directorio permitirá liberar de manera inmediata el desembolso de parte del organismo de U$S 4.700 millones, que serán utilizados por la Argentina para el pago de los compromisos de diciembre, enero y abril próximo.

El 10 de enero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que se logró "reflotar el Acuerdo de Facilidades Ampliadas, que estaba caído, con el Fondo". El funcionario subrayó que no se trataba de "un acuerdo nuevo". A partir de esa negociación, Argentina recibirá desembolsos "para pagar los vencimientos de capital correspondientes a diciembre, enero y abril".

En ese marco, la vocera del FMI, Julie Kozack, en un comunicado, destacó que la Argentina comenzó a aplicar "un plan de estabilización ambicioso" y que el organismo confiaba en que el gobierno de Javier Milei siga "generando apoyo político" para poder avanzar en "aspectos clave" del proyecto de ley Bases que se debate en el Congreso.