La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó ayer que el Gobierno ya realizó una compra de misoprostol para proveer a todas las provincias y cumplir con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Asimismo, reconoció que el aborto legal tiene "mayores resistencias en algunos lugares" de la Argentina y que el Gobierno "no le tiene miedo" a la judicialización del tema tras el fallo de un juez de Salta que aceptó analizar un recurso de inconstitucionalidad.
"El Ministerio de Salud ya hizo una compra para proveer a todas las provincias con misoprostol y prevé otra adquisición a través del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)", dijo la funcionaria en diálogo con CNN radio, y señaló que esa adquisición permite obtener la medicación a "precios muy económicos".
En cuanto a la resistencia de los sectores "celestes" que advirtieron que judicializarán la ley, Gómez Alcorta manifestó: "Sabemos que tenemos un país con regiones con muchas diferencias idiosincrásicas y hay un trabajo muy importante, que ya se empezó". En esa línea, agregó que es consciente de que "hay mayores resistencias en algunos lugares" de la Argentina, el objetivo es hacer que el derecho al acceso a un aborto legal sea una realidad "en cada rincón del país".
"La ley garantiza el derecho a la objeción de conciencia, entonces habrá que ver en cada lugar donde muchos médicos recurran a eso cómo se construyen las redes de derivación para garantizar el derecho a abortar", consideró.
La decisión de un juez federal de Salta, Miguel Medina, de habilitar la feria judicial de enero para tramitar una acción declarativa de inconstitucionalidad promovida en contra del protocolo para abortos no punibles del Ministerio de Salud disparó el alerta de militantes feministas en guardia ante una eventual ofensiva "celeste" para bloquear la sancionada ley (IVE).