El Gobierno rechazó la oferta que presentó la familia de Mauricio Macri para evitar la quiebra del Correo Argentino, la cual era cinco veces menor a lo que adeuda. En un escrito, la Procuración del Tesoro pidió a la jueza de la causa avanzar en la declaración de la quiebra de la empresa. De concretarse, la sociedad Socma, nave insignia de los negocios de la familia Macri, deberá hacerse cargo de la deuda.
En el documento legal expedido por el organismo a cargo de Carlos Zannini se enumeró una serie de consideraciones y críticas sobre la última propuesta de la compañía para saldar la deuda del Correo.
La presentación, afirmó, fue realizada "en defensa de los intereses estatales" y para "evitar que el silencio" de la entidad "pueda ser interpretado como consentimiento" de la oferta de los Macri, la cual "contiene falacias", indicaron.
"Todos los planteos que ahora formula la Concursada son la repetición de cuestiones ya planteadas, tratadas oportunamente por los tribunales y rechazadas en todos sus términos", remarcó.
En el texto también se explicó que "es falso" que el principal responsable por la cesación de pagos y su agravamiento posterior sea el Estado nacional, tal como afirmó la familia.
La Procuración, también, se refirió a la calificación de "acreedor hostil" que los Macri utilizaron para describir al Estado y señaló que "el único objetivo del Estado es lograr la satisfacción de su postergada creencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino".
"¿Cómo podría aceptarse que el Estado es un acreedor hostil cuando es la Concursada quien en la última propuesta formulada en el año 2016 realizó una oferta irrisoria?", preguntó y añadió que con este antecedente cualquier oferta "va a resultar superadora".
El pasado 29 de marzo se conoció que Correo propuso en la última audiencia dentro del proceso de quiebra de la empresa saldar su deuda con el Estado Nacional mediante un pago único de $1.011 millones.
Sin embargo, la fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín ya había dictaminado que el total adeudado no es esa cifra sino $6.000 millones, o sea, cinco veces más de lo que propone cancelar la empresa, cuyo principal accionista es el grupo Socma de la familia Macri.