La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer un escrito ante la comisión bicameral parlamentaria de Seguimiento y control del Ministerio Público, donde rechaza que existieran irregularidades en la compra de un edificio para ese organismo, aunque señala que tuvo que suspender preventivamente y abrir un sumario contra un funcionario de la Procuración para investigar si hubo un ‘uso indebido de información‘.
A menos de una semana de que la comisión de control, que conduce la massista, Graciela Camaño, analice la citación de Gils Carbó, la Procuración entregó un escrito de 33 páginas donde detalla los motivos de la compra de un nuevo edificio para el Ministerio Público.
Los diputados oficialistas piden la urgente citación de la funcionaria -sobre quien pesan varios pedidos de juicio político- para que explique la compra de ese inmueble cuya transacción investiga el juez Julián Ercolini, así como supuestas irregularidades en la designación y traslados de fiscales y en el manejo del personal.
La presentación sucedió cuando Gils Carbó fue al Congreso a presentar el libro que detalla la tarea realizada por las Agencias Territoriales de Acceso, que son oficinas con impronta judicial en los barrios más vulnerables.
En su escrito, Gils Carbó defiende la compra del edificio: ‘Era una necesidad institucional adquirir un inmueble de esa características que ya había sido expresado por los titulares de este organismo, desde, al menos, el año 2011’, pero reconoce que debieron abrir una investigación para determinar si un funcionario utilizó información calificada para el beneficio de un familiar.
La dueña del inmueble, Arfinsa, pagó comisiones por $7,7 millones, y uno de los que cobró una factura es Juan Carlos Thill, hermano de Guillermo Bellingi, quien, como subdirector general de la Procuración, participó en la licitación por la compra del edificio de la calle Perón.
Gils Carbó señaló que la compra se hizo mediante ‘un procedimiento que contó con la intervención de todos los órganos de control competentes, se alcanzó la adquisición de un inmueble con las características técnicas buscadas y a un valor inferior al precio de mercado’. Señaló que, por el inmueble de 5.312 m2, se abonaron $43.850.000, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación calculó que ese edificio valía $45.050.000.