El frente abierto entre el ministro de Justicia y Elisa Carrió por el caso AMIA sigue sumando capítulos y ruido. Germán Garavano agrandó ayer la grieta con la aliada estratégica de Mauricio Macri al desestimar el reclamo de la diputada y de su partido, la Coalición Cívica, por retirar las acusaciones contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado a la mutual judía.
“Es un problema de la doctora Carrió. Puede pedir mi juicio político. Cualquiera puede pedirlo cuando quiera”, aseguró el ministro en declaraciones a radio con Vos. “Lo que hizo el ministerio fue ratificar al abogado que estaba interviniendo en el juicio, que era lo que jurídicamente correspondía hacer”, agregó Garavano, y remarcó que en su cartera están “muy tranquilos en ese sentido”.
Desde el espacio de Carrió le contestó con dureza el diputado Juan López, estrecho colaborador de la líder de la Coalición Cívica. “Lamento mucho las declaraciones del ministro, que parecen una bravuconada propia de otros tiempos. Ni Carrió ni la Coalición Cívica tienen un problema, tenemos demasiado claro lo que pasó y sólo esperamos tener un ministro a la altura de los tiempos de cambio y justicia que nos exige nuestro electorado”, le dijo López esta noche a Clarín.
Las controversias provocaron la renuncia de Mariana Stilman, abogada de confianza de Carrió, como asesora de la Unidad AMIA, quien coincidía con la postura del jefe de ese organismo, el radical Mario Cimadevilla sobre la necesidad de mantener la acusación contra los ex fiscales. Stilman será ahora nombrada jefa de despacho de Carrió en la Cámara baja. La discusión también provocó una crisis con Cimadevilla, quien tendría los días contados en su cargo.
En el Gobierno sustentaron la decisión de no ir contra Mullen y Barbaccia en la supuesta autonomía del abogado José Console, que expuso como querellante del Estado en una posición similar a la de sus pares de la AMIA. También adujeron falta de pruebas para incriminarlos y consideraron importante sus roles para que se declararan las alertas rojas sobre los iraníes sospechados por el atentado.
“No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos”, sostuvo en su alegato Console, el letrado de la Unidad Especial que actuó en el juicio tras la decisión del Poder Ejecutivo de apartar a los abogados que había designado Cimadevilla. Los representantes del Ministerio Público Fiscal, en cambio, pidieron ocho años de prisión para los ex fiscales.
La Coalición Cívica reaccionó con un comunicado en el que dejó expuesto el conflicto. Rechazó la intervención de Garavano en el trabajo de la querella en la causa de encubrimiento del atentado y vinculó a Console con Daniel Angelici, presidente de Boca y blanco de críticas de Carrió por su supuesto rol de enlace de Mauricio Macri con el Poder Judicial. “No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno”, apuntó el texto.
“Ante un planteamiento de este abogado (por Console) que no conozco y no vi en mi vida, que planteaba que él tenía una posición determinada y que el titular de la Unidad iba a seguir otro camino, el Gobierno decidió que los abogados que habían intervenido en la audiencia oral tenían que llevar adelante estos alegatos”, sostuvo Garavano.