Referentes del oficialismo insistieron ayer en que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, debe pedir licencia hasta que se resuelva su situación judicial, o directamente renunciar al cargo, luego de que el juez federal Julián Ercolini dictara su procesamiento por supuesta administración fraudulenta en la compra del edificio donde funciona actualmente el organismo.
El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró "lógico" que la procuradora pida licencia "mientras resuelva su situación judicial" ya que, a partir de esa resolución judicial, "se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina".
Al objetar la gestión de Gils Carbó, quien ejerce el cargo desde agosto de 2012, Garavano recordó -en diálogo con radio Mitre- que el Gobierno tiene "serios cuestionamientos por su desempeño", particularmente en "la lucha contra el narcotráfico y la corrupción". Por su parte, la candidata a diputada nacional por Vamos Juntos, Elisa Carrió, afirmó que Gils Carbó "tendría que renunciar si fuera una persona con un mínimo de vergüenza", aclaró que el Gobierno "no va a violar la Constitución" y señaló que "es importante que se vaya por la vía constitucional".
Por su parte, Gils Carbó continuó ayer con su actividad habitual y recibió el juramento de cinco nuevos fiscales generales.
Gils Carbó fue procesada el jueves por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" en la compra de un edificio para la Procuración, en la que actuó como intermediario el medio hermano de un subdirector de ese organismo. Es en la causa por la compra de un edificio, en 2013, en la calle Perón al 600, por $44 millones. En la operación en cuestión se pagaron 7,7 millones de pesos en concepto de comisión.