La fiscal de juicio Gabriela Baigún dictaminó ayer por sobreseer a todos los imputados de la causa del Plan Qunita tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública ni el de abuso de autoridad (en el caso de los exfuncionarios investigados), informaron fuentes judiciales.
La fiscal formalizó la presentación al mediodía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que ahora deberá resolver la situación procesal de los acusados lo que implicaría, en rigor, definir si la causa se archiva o avanza hacia juicio oral y público.
El expediente de la causa del Plan Qunita fue instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros.
"La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito", sostuvo la fiscal en el dictamen.
Durante la instrucción suplementaria del caso Qunita -en el que se investigó si hubo irregularidades en la licitación para la entrega de kits de cunas, chupete, moisés, entre otros-, se llevó a cabo una pericia que determinó que no hubo perjuicio a la administración pública ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación.
Entre las primeras consideraciones formuladas por la fiscal, recordó que en este caso "recién se llevó adelante un peritaje contable y uno técnico con posterioridad a la elevación a juicio, como consecuencia de los pedidos realizados por las defensas y por este Ministerio Público Fiscal".
La causa avanzó hasta el punto de ser elevada a juicio oral, a partir de una instrucción que, al no haber logrado determinar a través de un peritaje los precios de los kits, utilizó como parámetros para acreditar la existencia de sobreprecios una valuación realizada en función de facturas aportadas por la denunciante Graciela Ocaña y los valores aportados por la Sigen resultantes de las órdenes de trabajo.
En su momento, el juez Bonadio había ordenado destruir los elementos de los kits que pudieran resultar peligrosos para la salud de los recién nacidos, decisión que no llegó a concretarse.