La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan (Estados Unidos), Loretta Preska, falló ayer contra el Estado argentino en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la expropiación de la petrolera YPF, llevada a cabo en 2012, y eximió de responsabilidades a la compañía.
El fallo favorece a los fondos Burford Capital y Eton Park, que en su momento le compraron a los accionistas minoritarios el derecho a litigar contra la Argentina e YPF, explicaron fuentes al tanto de los pormenores del litigio, que adelantaron que la medida será apelada.
La magistrada hizo responsable al Estado argentino por avanzar con la decisión de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la compañía petrolera sin haberle hecho una oferta pública a los poseedores de las demás acciones que se verían afectados por esa decisión.
La postura del Estado argentino estaba sostenida en el derecho público y apuntaba a que una expropiación, con ley del Congreso Nacional, está por encima de los estatutos de la empresa por lo que no debía hacerse tal oferta pública al resto de los accionistas.
La jueza citó en su fallo los estatutos de YPF del año 1993 y luego concluyó que "la República prometió a los tenedores de valores que les ofrecería una salida si volvía a adquirir el control sobre el número requerido de acciones" y que esa promesa "no se cumplió".
El valor de la indemnización que deba pagar el Estado argentino, si no logra revertir el fallo, será determinado en el avance del juicio cuando se realicen los cálculos que permitan arribar a un monto, explicaron las fuentes consultadas, que aclararon que por ahora la magistrada Preska sólo determinó responsabilidades. La causa la inició el fondo Burford luego de comprar en la Justicia española los derechos para litigar, en el marco del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen inversora.
Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre U$S 8.500 millones y hasta unos U$S 20.000 millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.
Prórroga
El Gobierno prorrogó nuevamente la actualización prevista para el impuesto sobre los combustibles líquidos, pasándola para el próximo 1 de julio. En el último tiempo, la única actualización que se realizó de este impuesto fue en octubre del año pasado.