Con las pymes. Además de reunirse con funcionarios, Macri recibió en su despacho de la Casa de Gobierno a mujeres que conducen pymes de la provincia de Buenos Aires. 

 

El presidente Mauricio Macri analizó ayer con funcionarios del área económica los avances en el proyecto de reforma impositiva, que puede contemplar cambios en el impuesto a los débitos y créditos bancarios (más conocido como Impuesto al Cheque).

Se espera que el Gobierno termine y presente la reforma tributaria después de las elecciones generales del 22 de octubre. Por más de dos horas, funcionarios participaron de un encuentro en el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno.

Macri estuvo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, además del director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad. Además, de la reunión participaron los ministros coordinadores del Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Fuentes oficiales consultadas por la agencia de noticias DyN aseguraron que el encuentro ‘fue uno más de los que viene manteniendo el presidente con sus colaboradores, en los que se continúa estudiando cada uno de los puntos de la iniciativa‘ de reforma tributaria.
Entre las iniciativas que se estudiarían está la de convertir al Impuesto al Cheque como un pago a cuenta de Ganancias u otros tributos, tal como lo había presentado su creador, Domingo Cavallo, en abril de 2001. El Impuesto al Cheque es considerado por algunos observadores como uno de los impuestos más distorsivos que tiene el esquema tributario argentino.

Aunque hay coincidencia en que se trata de uno de los tributos más distorsivos que tiene la economía, el Gobierno no apuesta a eliminarlo, según apuntaban ayer medios digitales. Así como está previsto para las pequeñas y medianas empresas en la Ley Pyme, la idea oficial es que pueda tomarse a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Se espera un esquema de gradualismo, por lo que el primer año se podrá descontar hasta 20 por ciento y así sucesivamente hasta llegar a los cinco años. El plan no es eliminarlo porque el objetivo es beneficiar al que cumple pero castigar al que evade, en referencia a que muchas personas tienen cuenta bancaria pero aún así, no pagan todo lo que deberían.

También se busca un acuerdo con las provincias respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos en el que se manejan un par de opciones: la reducción generalizada de sus alícuotas o su eliminación lisa y llana, a cambio de la implantación de un impuesto a la Venta Final. La primera opción ya tuvo un adelanto con la baja de la alícuota en el caso de los créditos hipotecarios en algunos distritos.
Ingresos Brutos es un impuesto provincial que representa, para todos los distritos, la mayor parte de la recaudación. Por lo tanto, será una discusión ardua que deberá dar el Ejecutivo con los distintos mandatarios.

Según señalan medios nacionales, el Gobierno no está pensando en bajar el IVA, ni siquiera para los productos de primera necesidad como plantea la plataforma de campaña del candidato 1País, que lidera Sergio Massa. Hay una idea, sin embargo, de evitar las fuertes distorsiones que hoy existen entre distintos alimentos, ya que algunos están exentos, otros pagan 10,5% y otros 21 por ciento.
Desde diferentes sectores empresarios se viene reclamando por una modificación en la estructura tributaria, no sólo por lo que representa de manera global como costo para la producción y el comercio, sino por la existencia de gravámenes considerados distorsivos, tanto en la jurisdicción nacional como en las provinciales y en las tasas y contribuciones municipales.

La crítica es compartida por el propio gobierno, al punto tal que Macri declaró que ‘los impuestos nos están matando‘. Pero más allá del consenso en la necesidad de reducir la carga impositiva, desde el oficialismo también se advirtió que las dificultades para disminuir el gasto -en especial en el área social- constituye uno de los principales obstáculos para profundizar esa tarea.

En consecuencia, la reforma no implicaría una reducción brusca de las alícuotas sino una disminución moderada y gradual. En ese sentido, Dujovne, al disertar en el Consejo de las Américas, pronosticó que el gasto público consolidado -actualmente del 41 por ciento del Producto Bruto Interno- recién bajaría al 33 por ciento en 16 años.