Organismos de Derechos Humanos de Mendoza están en estado de alerta y movilización contra la posibilidad de que el exmagistrado Otilio Romano, quien es juzgado por su participación en la última dictadura militar, obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral Federal que juzga la conducta del exmagistrado en el marco del ‘mega juicio‘ por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Mendoza podría definir en los próximos días la situación de Romano, a solicitud de los abogados defensores. Ante esta situación, los organismos de Derechos Humanos manifestaron sus críticas y emitieron un comunicado expresando su rechazo ante una posible decisión judicial que pudiera favorecerlo.
La alarma se encendió el miércoles pasado cuando Romano sufrió un cuadro de hipertensión, por lo que tuvo que ser internado en la Unidad Coronaria del Hospital Central hasta el sábado por la tarde. En uno de los partes médicos que entregó la jefa de la unidad coronaria Raquel Saa Zarandón, confirmó que el paciente, de 71 años, ingresó “con dolor toráxico, hipertensión arterial e hipoglucemia por diabetes”.
La embestida del excamarista en la Justicia se había iniciado unos pocos días antes de su internación. En esta nueva arremetida, Romano solicitó la prisión domiciliaria, y su pedido tiene sustento legal. Es que el perito Florencio Casavilla del Cuerpo Médico Forense dictaminó a favor del exjuez, que volvió a su celda en un pabellón especial para acusados de delitos de lesa humanidad con innumerables condiciones que carecen los presos comunes. Según un informe de organismos de derechos humanos, Romano goza de algunos privilegios como ‘cama con colchón y frazada, baño en las celdas, que suelen permanecer abiertas‘ y ‘buenas condiciones de higiene. ‘Algunos tienen televisor, biblioteca y libros. Para los mayores de 60 años, hay médicos que supervisan a la mañana, a la tarde y a la noche y tienen permitido llevar sus profesionales privados. Para los diabéticos hay una dieta especial, y en las visitas les pueden llevar su comida. El médico forense, sin embargo, opinó que el lugar no ofrece condiciones adecuadas para la diabetes de Romano‘, añade el escrito. En ese sentido, el documento destacó que ‘la decisión de conceder o no el pedido de prisión domiciliaria está previsto después de los 70 años, pero la ley no obliga a los jueces a otorgarlo y hay factores específicos que permiten rechazarlo, como el peligro de fuga.
Romano se fugó a Chile en septiembre de 2011, y allí intentó que le dieran asilo. Se escapó justo en la antesala de su juicio político. Y, de hecho, fue destituido en ausencia. En el país vecino vivió en una playa exclusiva de Reñaca, con mínimas restricciones. La extradición, el 3 de septiembre de 2013, habilitó que ahora esté en el banquillo.
Desde el Gobierno mendocino, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel González, señaló que ‘desde el Gobierno apoyamos el pedido del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, en forma simbólica y desde nuestro lugar político, ya que no estamos constituidos como querellantes. Romano ha mostrado un desprecio muy marcado por la Justicia, ya que estuvo dos años prófugo, demoró dos años el inicio del juicio y otorgarle hoy una prisión domiciliaria sería como sembrar un camino a la impunidad‘. DyN.