La Cámara Federal de La Plata apartó ayer al juez de Lomas de Zamora Federico Villena de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y gremiales durante la gestión de Mauricio Macri y esa decisión desató una catarata de pedidos de excarcelación de parte de los detenidos a los que ese magistrado había apresado en los últimos días.
El tribunal de apelaciones hizo lugar al planteo de abogados defensores de exagentes de la AFI y, de este modo, apartó al juez del caso y resolvió que el expediente pase en su totalidad al Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Auge.
El juez de Cámara platense Agustín Lemos Arias aceptó las recusaciones planteadas por las defensas de tres de los acusados contra Villena por temor de "parcialidad " y le sacó el expediente, aunque sin declarar la nulidad de ninguno de los actos procesales que este llevó a cabo durante la investigación.
Los exespías sostuvieron que Villena no podía estar al frente del expediente porque él mismo había ordenado tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria y había dispuesto que se interviniera el teléfono público del Penal de Ezeiza, dos hechos que ahora se investigan en este y otro expediente que está en manos de Auge.
La Cámara le encomendó, además, al nuevo juez de la causa que entre los primeros pasos defina las situaciones procesales de todos los acusados que ya fueron indagados entre el miércoles y el jueves por Villena en presencia de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Ambos seguirán interviniendo en la causa ya les fue delegada por Auge, como en el caso de la causa en la que se investiga el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A los 22 acusados se les atribuye haber sido parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", según surge del expediente. "Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", sostuvo el juez en la lectura de las acusaciones previas a las indagatorias.