El 31 de agosto la Procuradora General de la Nación y jefa de todos los fiscales nacionales tendrá que ir hasta el edificio de Comodoro Py 2002 para declarar en indagatoria debido a la sospechosa compra del edificio de la calle Perón 667 donde están las principales oficinas del Ministerio Público Fiscal.
Así lo decidió el juez Julián Ercolini, que aceptó el pedido que había hecho el martes pasado el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el caso de pagos de comisiones millonarias en la adquisición por $43.850.000 del edificio donde está el despacho de Gils Carbó.
El fiscal también determinó que la licitación fue direccionada desde dentro de la Procuración para favorecer a quienes terminaron vendiendo el edificio.
El caso
La Procuración General de la Nación compró en julio de 2013 el edificio de la calle Perón al 600. La gestión de Gils Carbó, que había comenzado en agosto de 2012, decidió mudar las principales dependencias del organismo del viejo y señorial edificio de la calle Guido en la Recoleta.
Gils Carbó puso a cargo de la licitación para la compra del edificio al licenciado en Economía y autotitulado experto en transparencia Guillermo Bellingi. La procuradora determinó que Bellingi dependiera de ella de manera "directa".
En uso de sus funciones como subdirector general de la Procuración y designado como coordinador del área de Administración, Bellingi intervino en la licitación y flexibilizó una condición –al inicio del proceso– que permitió que la firma que finalmente resultó adjudicataria pudiera presentarse al concurso de precios.
La firma Arfinsa –del Grupo Bemberg– vendió el edificio. Y le pagó una comisión de $7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento. Bárbara Jaureguiberry, dueña de la inmobiliaria que lleva su apellido, a su vez le abonó por asesoramiento para la licitación la suma de $3.000.000 a Juan Carlos Thill, un productor de seguros de La Plata sin relación alguna con el negocio inmobiliario.