Un colectivo de organizaciones sociales, sindicales y políticas lleva adelante en Corrientes una serie de acciones contra el progresivo avance de emprendimientos privados en la costa del río Paraná, y reclaman a las autoridades respetar el patrimonio público contra el bloqueo al acceso a las playas.
El intento, vigente, de construir un shopping en las arenas de la playa pública de Corrientes y el sucesivo avance de paradores con actividad diurna y nocturna movilizaron al colectivo denominado "Defensores de los espacios públicos costeros" a una serie de acciones legales y de visibilización.
Según explicaron los integrantes del grupo, el Concejo Deliberante de Corrientes aprobó en 2019 seis excepciones al Código de Planeamiento de la ciudad para dar lugar a la obra del shopping sobre la playa Arazaty, iniciativa de la empresa que ya cuenta con un shopping en Corrientes, así como dos casinos, entre otros negocios.
"Con una serie de informes en ese proceso judicial, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y el Ejecutivo municipal avalaron la obra pese a que no pidieron estudios de impacto ambiental ni convocaron a audiencias públicas", dijo ayer la arquitecta Florencia Rus.
"Por otro lado, la Dirección de Catastro de la Provincia se presentó avalando la propiedad de la empresa Joco S.A. de ese sector de la playa con unas mensuras de un particular de apellido Bayol", explicó la referente.
Por su parte, las abogadas del colectivo presentarán próximamente documentación según la cual el área donde se pretende construir el centro comercial es un espacio de playa pública, "construida con refulado de arena por iniciativa pública pues hace unos años eso era agua", señaló Rus. Y añadió que, de esa manera, "ese sector absorbe las crecidas del río".
Télam