Cristina Fernández de Kirchner, que ayer se presentó en tribunales por el caso de los "cuadernos de las coimas", irá a juicio oral el 26 de febrero. Pero por otra causa, vinculada con presuntos fraudes en obras públicas viales relacionadas con Lázaro Báez.
La Justicia argentina fijó ayer para el 26 de febrero próximo el inicio del primer juicio por presunta
corrupción que deberá enfrentar la expresidenta (2007-2015), acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.
Según informaron fuentes judiciales, el juicio oral contra la actual senadora -procesada ya en cinco casos- tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires, integrado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.
El proceso, en el que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral -propiedad de Lázaro Báez- en Santa Cruz durante los mandatos presidenciales kirchneristas (2003-2015), afecta también, entre otros, al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y al propio Báez. Los tres ya están en prisión preventiva por otras investigaciones. Si bien fue en marzo pasado cuando el juez Julián Ercolini elevó a juicio la causa, ayer se fijó la fecha para el inicio de la vista oral.
La Justicia federal investiga el presunto "direccionamiento" de contratos a favor del Grupo Austral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y provincia de la que el expresidente Néstor Kirchner fue gobernador desde 1991 a 2003. El expediente apunta a que se perpetró un plan en Santa Cruz para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas nacionales.
A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para "apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial mediante licitaciones con "múltiples irregularidades" destinadas al favorecimiento de Báez.
En el relato de los hechos establecido por la Justicia se destaca cómo se realizó la "conversión formal" de Báez, amigo del matrimonio presidencial, en empresario de la construcción. Se nombra como prueba que pocos días antes de que Kirchner asumiera la presidencia, Báez fundó su grupo empresarial.
Contra la exmandataria ya hay elevadas a juicio otras dos causas: una por los dólares a futuro. La otra es por el presunto encubrimiento de los imputados por el ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994.
Fernández ha negado en multitud de ocasiones los cargos que se le imputan. La última vez fue ayer por la mañana, tras acudir a declarar por un caso en el que está sospechada de recibir millonarios sobornos de empresarios. Por esa causa, conocida como "los cuadernos de las coimas", presentó un escrito con el que negó haber formado parte de una supuesta red de sobornos, al presentarse a los tribunales federales de Comodoro Py (ciudad de Buenos Aires), donde había sido citada por el juez Claudio Bonadio.
Cristina presentó un escrito
La expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner volvió a negar ayer ante la Justicia de forma "categórica y terminante" haber formado parte de una supuesta red de sobornos de empresarios y funcionarios durante el kirchnerismo (2003-2015) y denunció que es víctima de "abusos judiciales".
La exmandataria (2007-2015) acudió ayer a los tribunales federales de Comodoro Py, donde había sido citada por el juez Claudio Bonadio para ampliar su declaración indagatoria por los nuevos datos aparecidos desde que compareció ante el mismo juez por esta causa a mediados de agosto.
Como en aquella ocasión, la exmandataria volvió a presentar un escrito en el que denunció "gravísimas irregularidades" y "episodios ilícitos" en este proceso judicial sobre los "cuadernos de las coimas" en el que, aseguró, es investigada "por un juez enemigo o por un no juez".
En esa línea, aseguró que en el allanamiento que se realizó en su apartamento en Buenos Aires se impidió participar a su abogado de forma "ilegal e inexplicable", mientras que el realizado en su casa
en la sureña localidad de El Calafate se extendió de manera "ilegítima y deliberada" con el fin de "seguir generando estrépito" y material para las portadas de los diarios.
"Además se filtraron a la prensa, como es de costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos ni objetos de procedencia ilícita", rechazó la exmandataria. El escándalo se destapó el 1 de agosto pasado, cuando Bonadio ordenó los arrestos y comparecencias de empresarios y miembros del anterior Gobierno, en base a los cuadernos que escribió el exmilitar Óscar Centeno, chofer del Ministerio de Planificación