La diputada provincial mendocina del kirchnerista Frente para la Victoria (FPV) Lorena Saponara presentó junto a integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) un proyecto de ley que apunta a reglamentar el ejercicio del trabajo sexual en la provincia.

Entre otros conceptos, dispone como obligaciones ser mayor de edad, obtener una habilitación para el ejercicio de la actividad y ‘asistir a los cursos de capacitación que determine la Secretaria Provincial de la Protección al Trabajo Sexual (SPPTS)‘, creada por esta iniciativa.

Entre otros contenidos, deberá contemplar legislación sobre trabajo sexual nociones básicas sobre derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal, adicciones, educación sexual y salud e Infecciones de Transmisión Sexual. Asimismo, las trabajadoras tendrán que someterse a controles médicos y psicológicos determinados por ese organismo, que incluirán, sin excepción, un examen semestral de HIV/SIDA y colocarse las vacunas contra HPV y hepatitis B.

También ‘portar y exhibir durante la jornada de trabajo el carnet profesional que acredita la habilitación para trabajar y la libreta sanitaria‘, ‘tomar las medidas tendientes a fin de culminar con el ciclo educativo obligatorio‘ y ‘realizar las actividades tendientes a la inscripción al régimen de monotributistas y Rentas de la Provincia‘.

Saponara indicó que ‘es un proyecto que regulariza el derecho laboral de las trabajadoras sexuales, donde se toma distancia en la diferenciación de dos conceptos, uno es el proxenetismo y el otro es el de trata‘. ‘Estoy convencida que existió, existe y existirá el trabajo sexual, por lo tanto necesitamos regularizarlo para una protección laboral, para una jubilación, una mutual, para un control de salud‘, dijo la legisladora.

Por su parte, Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR a nivel nacional, resaltó que ‘estar amparadas a través de un marco regulatorio‘ es un buen inicio ‘para empezar a combatir la trata y la explotación sexual‘. ‘Tenemos que tener derechos laborales como es la obra social o los aportes jubilatorios‘, manifestó. ‘Las que hemos elegido este trabajo, tenemos que estar amparadas bajo un marco regulatorio, y las que no quieren seguir ejerciendo, creo que el Estado debe estar realmente presente‘, sostuvo. Orellano dijo que ‘siempre está‘ esa concepción de ‘si el trabajo sexual puede ser un trabajo o no, si es una elección libre‘, pero resaltó que también hay otros tipos de trabajos como el de las ‘empleadas domésticas‘, ‘las cajeras y repositoras de supermercados‘, que ‘no eligen libremente, sino que también están condicionadas por muchísimos factores económicos‘.

En la iniciativa legislativa, presentada públicamente el jueves pasado en la sede del municipio del departamento de Las Heras, se contempla como derecho el ‘ejercicio libre de su trabajo‘; ‘condiciones dignas de labor, libre de violencia, explotación y discriminación; organizarse sindicalmente de modo ‘libre y democrático‘; ‘un trato digno y respetuoso en su condición de trabajador‘; y ‘seguridad social‘.

Además, prevé la inscripción ante organismos previsionales y de control para ingresar a los sistemas de seguridad social, tanto médico-asistenciales como de jubilaciones y pensiones; la defensa en juicio de sus derechos e intereses laborales; y la creación de un Registro Unico de Trabajadores Sexuales, que ‘guardará los principios de confidencialidad‘. Asimismo, crea un 0800 para denuncias de explotación y contempla para estos casos la incorporación al Programa de Testigos. Fuente: DyN