Buenos Aires, 6 de mayo.- El empresario Jorge Neuss, procesado por supuesta corrupción en la privatización del espacio radioeléctrico durante el menemismo, recurrió a la Justicia suiza para frenar el envío a la Argentina de documentación sobre sus cuentas bancarias en el país helvético, informó hoy la agencia internacional France Presse.
El juez de instrucción de Ginebra, Jean-Bernard Schmid, indicó que "alegando que las acusaciones de fraude son infundadas, los titulares de las cuentas bancarias han apelado mi decisión de trasmitir los documentos a las autoridades argentinas".
Precisó que ahora el incidente procesal deberá ser resuelto por el Tribunal Penal Federal, en Bellinzona, y que dicho trámite puede durar durar "dos o tres meses aproximadamente".
Neuss, más el ex presidente Carlos Menem y el ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, y otra decena de empresarios y funcionarios, están procesados sin prisión preventiva por la concesión del espacio radioeléctrico argentino a la multinacional francesa Thales Spectrum durante el menemismo.
Entre otros figuran también el abogado Juan Carlos Cassagne, y al ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Alberto Gabrielli.
La Cámara Federal estableció en su fallo que existe la posibilidad de que "la adjudicación del contrato (a Thales) haya respondido a la existencia de sobornos", en sintonía con las revelaciones públicas de un supuesto "arrepentido" suizo que habló de pagos de 25 millones de pesos/dólares a menemistas.
La lista de procesados se completa con los ex funcionarios y ex ejecutivos Alejandro Bernardino Cima, Roberto Carlos Catalán, Roberto Eliseo Uanini, Matías Bourdieu, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Hugo Jorge Zothner, y Pablo Francisco Arancedo.
Los doce procesados fueron acusados del delito de "fraude a la administración pública", previsto en el artículo 174 y castigado con penas de dos a seis años de prisión, y también les confirmaron los embargos desde 5 a 200 millones de pesos, ésta última suma para Cassagne y Neuss.
"Neuss fue sindicado por Leonel Queudot como quien lo contactó y presentó a D´ancezune para que le impartiera instrucciones sobre la transferencias en la diferentes cuentas bancarias de los montos dinerarios para el supuesto pago de sobornos", consignó el fallo.
Queudot es el supuesto "arrepentido" y D’ancezune un ejecutivo de Thales Sprectrum Internacional, que estuvo procesado en esta causa pero ya falleció.
Los camaristas consignaron que Queudot "en 1998 fue invitado a una cena en París a la que asistieron Neuss y el ex presidente Carlos Menem, quien también le fue presentado por Neuss, del mismo modo que otras personas que ocupaban altos cargos en Thales y que a raíz de ello reforzó su idea de que existía un acuerdo entre Thales y el gobierno de Menem".
Por ello, prosiguieron, el supuesto "arrepentido" supuso que "las operaciones se encontraban en regla, máxime porque a la cena también asistieron los Presidentes Directores Generales de las más grandes empresas francesas".
A mediados de 1997 el gobierno de Carlos Menem firmó un contrato con la empresa francesa TSA que entregaba el control por veinte años del espacio radioeléctrico nacional a Thales Spectrum que pasaba a cobrar cánones por el uso del espacio que emplea la telefonía celular, los canales de televisión y las radios.
El contrato con Thales fue rescindido en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner tras un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que hablaba de un posible perjuicio para el Estado de unos 300 millones de dólares.
Tras la anulación del contrato, la Justicia abrió entonces una causa en la que el juez federal Jorge Urso dictó sobreseimientos parciales por entender que no hubo irregularidades.
Sin embargo, la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción apelaron en base a las pruebas aportadas, por ejemplo las revelaciones del Quedot, que detalló supuestas cuentas secretas a las que se habría girado unos 25 millones de pesos de posibles sobornos.
Luego la Sala II de la Cámara revocó el fallo de Urso porque -dijeron- "carece de soporte real, posee una fundamentación deficiente y resulta prematuro".
Según una de las pericias aludidas por la Cámara, habría habido "un porcentaje de incumplimiento integral del contrato del 66,99 por ciento" que se traduciría en "671.831.357,09 pesos".