El empresario Cristóbal López fue trasladado ayer al hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza tras entregarse en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Su socio también detenido, Fabián De Sousa, se encontraba ayer por la mañana alojado en la cárcel bonaerense de Marcos Paz.
Ambos fueron procesados con prisión preventiva por “administración fraudulenta” a raíz del desvío de 8.000 millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención por la compañía Oil Combustibles, para financiar a otras empresas de su grupo vinculadas a medios de comunicación, en el kirchnerismo.
Según la investigación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se prestó a irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del impuesto a los combustibles líquidos que la firma debía ingresar al fisco y que, en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado de medios Grupo Indalo.
López fue trasladado al hospital penitenciario de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) mientras que su socio también detenido, Fabián De Sousa, permanecerá en la cárcel de Marcos Paz, según lo dispuesto por el Servicio Penitenciario Federal.
Tras los exámenes médicos habituales, serán derivados a pabellones con otros internos, indicaron fuentes judiciales. El abogado de ambos, Carlos Beraldi, anticipó ayer que apelará los procesamientos con prisión preventiva dictados por el juez federal Julián Ercolini.
López estuvo prófugo siete horas y con pedido de captura nacional tras la firma del fallo de Ercolini y, según fuentes de su defensa, habría estado en el sur del país desde donde se trasladó para entregarse pasada la medianoche de ayer en el edificio Centinela (ciudad de Buenos Aires), donde ya estaba su socio.
López y De Sousa fueron procesados por “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado Nacional y se les dictó la prisión preventiva porque, para el magistrado, violaron “medidas cautelares” que se habían ordenado en la causa con anterioridad, con un embargo de 17.042.509.692 de pesos.
El tercer procesado en la causa es el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también acusado de “administración fraudulenta agravada” y con el mismo embargo que López pero sin prisión preventiva, por haber encubierto la maniobra perpetrada entre 2013 y 2015, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En los casos de López y De Sousa, Ercolini sostuvo que ambos manifestaron haber vendido las acciones del grupo Indalo sin solicitar de manera previa autorización judicial debido a la inhibición general de bienes que pesa sobre ambos. Luego, ante la negativa del juez a levantar la inhibición de bienes, “no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión, lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial”. Télam y Efe