Con el guiño a favor del presidente Mauricio Macri, la Cámara de Diputados aprobará hoy en una sesión especial el proyecto de ley presentado por los bloques opositores que declara la Emergencia Alimentaria, un plan que le costará a las arcas del Estado entre $8.000 y $10.000 millones extras.
Estos fondos se obtendrán a costa de resignar obra pública -al menos hasta diciembre- cuando asuma el nuevo Gobierno. De ahí en más, será facultad del nuevo presidente reorientar partidas para cumplir con este nuevo desafío.
Desde Santa Fe, Macri avisó temprano que si la oposición "quiere ampliar el proyecto" de emergencia alimentaria, el Gobierno "estará disponible", aunque recordó que ese estado de excepción "está desde 2002" y que "los gobernadores tienen la obligación primaria" de asistir a la gente. "La emergencia está desde 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas; Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social) está siempre ayudando a aquellos que tienen la obligación primaria que son los gobernadores", sostuvo. Pero recalcó que desde la administración central están "para asistirlos" y que "si quieren ampliar o cambiar el proyecto, estaremos disponibles".
Así, y después de la fuerte presión de la oposición, los grupos piqueteros, la CGT y la Iglesia, Macri tomó el guante y resolvió alinear a su tropa no sólo para que baje al recinto y dé quórum sino que también faciliten los dos tercios de los votos que se necesita para aprobar la iniciativa ya que no tiene dictamen de comisión.
Para no agitar más la campaña, Gobierno y oposición acordaron aprobar la ley en una sesión "corta y sin agresiones". El proyecto contempla un aumento del 50% de los programas de ayuda social, lo que en la práctica implicaría la inyección de entre $8.000 y $10.000 millones. Es decir, que se contabilizaron de esta manera los $12.000 millones que originalmente estaban en el presupuesto 2019 para planes alimentarios más los $6.000 millones que se inyectaron tras la devaluación que hubo después de las PASO. Esto suma unos $18.000 millones, con lo cual el aumento del 50% sería de entre $8.000 y $10.000 millones. Esta hoja de ruta se acordó en una reunión reservada entre el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el titular del Interbloque de Cambiemos Mario Negri y el jefe de la bancada del Frente para la Victoria Agustín Rossi.
En el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso se observa que si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas alimentarios, el costo del aumento ascendería a unos $10.489 millones. Pero si el incremento se calcula sobre los saldos de créditos no ejecutados al 31 de agosto el costo ascendería a unos $4.061 millones. No está claro aún qué monto se tomará pero de las charlas que Rossi mantuvo con Negri y Monzó se estimó un aumento de entre $8.000 y $10.000 millones.
No obstante, quedó claro que no habrá nuevos gastos sino reasignación de partidas. Es para dar una señal de austeridad tendiendo en cuenta que el FMI reclama que no haya un aumento del gasto público para desembolsar los USD 5.400 millones que aún restan del crédito lanzado el año pasado.
- La letra chica del proyecto acordado
El proyecto dispone prorrogar la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022 con un aumento de como mínimo el 50% de las partidas vigentes para políticas alimentarias en 2019. Faculta al Ejecutivo a reasignar partidas para abordar la emergencia, aunque no puede sacar fondos de los Servicios Sociales (seguridad social, los planes sociales, la salud y la educación, entre otras ). Pero también establece cambios a futuro: A partir del 1 de enero de 2020 los fondos para las políticas alimentarias deben actualizarse trimestralmente según el índice de inflación para que no pierdan frente al alza de precios de alimentos y bebidas.