El Gobierno resolvió ayer eliminar el 100 por ciento de los millonarios subsidios estatales a la energía, el agua potable y el gas de varios sectores de la economía, mientras adelantó que revisará otros para nuevas quitas, una medida que llevaría a alzas en las facturas que pagan los usuarios.
En una primera etapa la quita afectará a la energía, agua y gas que consumen los bancos y servicios financieros; los seguros; los juegos de azar; los grandes aeropuertos; las terminales portuarias; la telefonía celular, y actividades extractivas de minería e hidrocarburos.
Las medidas incluyen el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires el sistema de subtes (ver página 15).
En los próximos días se revisarán los subsidios al transporte. Con esta disposición, el Estado se ahorra 600 millones de pesos anuales en momentos en que las finanzas se muestran fuertemente presionadas por el gasto público y fuerte descenso del superávit comercial , erosionado por un aumento en las importaciones de energía.
El anuncio fue realizado por los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Planificación, Julio de Vido, que también informaron de la creación de una comisión que irá revisando los subsidios que reciben todos los sectores y los particulares que “en algunos casos los eliminará, en otros los reducirá y algunos los mantendrá”. Incluso anticiparon que se analizará la “personalización del subsidio” para el caso del transporte de pasajeros para determinar la capacidad de pago de cada usuario en particular y resolver en cuestión.
Tanto De Vido como Boudou aclararon que la eliminación de los subsidios que se haga a los diversos sectores, no tendrá impacto ni en las tarifas de los usuarios y en los valores finales de los servicios que prestan esos sectores.
De todos modos, no fueron muy claros a la hora de asegurar que esta quita de subsidios no afectará al usuario residencial que paga tarifas subsidiadas en su factura de acuerdo al consumo y que consta en cada boleta que paga el consumidor domiciliario. Y así quedó registrado en la conferencia de prensa.
“Previendo el título de los diarios de mañana”, se atajó De Vido, intentando detallar los alcances del plan de ajuste. “No se trata de un aumento de tarifas. Por lo tanto, no impactará en el precio de los servicios”, afirmó. Pero sobre este punto en particular, Boudou puso como ejemplo que era inequitativo que él, que vive en Puerto Madero, tuviera tarifas subsidiadas. Con esto, el ministro de Economía dio a atender que la quita de subsidios, aunque técnicamente no se trate de un aumento de tarifas, tarde o temprano, impactará en los costos que paga el usuario común.
Mantener la intrincada red de subsidios estatales costaría al Tesoro argentino unos 70.000 millones de pesos este año, un alza de casi un 40% frente al año pasado, según cálculos privados.
El ex viceministro de Economía Jorge Todesca, director de la consultora Finsoport, calificó como “confusos” los anuncios del Gobierno, agregando que “dicen que (los subsidios) los van a revisar preservando un criterio de equidad. Eso significa que va a haber aumentos de tarifas, obviamente”.
El economista Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que la “estrategia de transferencias a las empresas de servicios públicos para mantener subsidiadas las tarifas es insustentable en el tiempo”, y advirtió sobre los costos que pagará el Gobierno por un cambio rotundo de sus políticas. “Esto va a tener un costo político y social grande, porque le vas a tener que decir a la gente que deje de consumir algo, que tiene que recortar otros bienes de consumo y servicios para pagar lo que corresponde”, explicó.