Para después de estos días de Carnaval, a más tardar el 20 de marzo, el juez federal Julián Ercolini estará en condiciones de elevar a juicio oral la principal investigación por corrupción que se le sigue a la expresidenta Cristina Kirchner : la causa por asociación ilícita que enfrenta junto con Lázaro Báez, su exministro Julio De Vido y José López por direccionar la obra pública santacruceña en favor del empresario patagónico, a través de sobreprecios.

 

El caso es el más importante que enfrenta la exmandataria y de él penden otras investigaciones conexas, como Hotesur y Los Sauces. En el caso de las rutas patagónicas se investigan contratos por $46.000 millones, a precios actualizados.

 

En esta causa están todos acusados de integrar una banda para “apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada” de los fondos asignados a la obra pública en Santa Cruz. Para el juez, Cristina Kirchner direccionó las obras para favorecer a Báez.

 

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques ya acusaron y pidieron que el caso llegue a juicio. Lo mismo hicieron las agencias del Gobierno que actúan como querellantes: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA).

 

El caso pasó a las defensas, que tienen un plazo que vence los próximos días para presentar sus escritos, y el juez resolverá. Cristina Kirchner se presentó a mediados de enero y pidió ser juzgada. No se opuso al juicio: por el contrario, dijo que allí podrá demostrar las arbitrariedades del caso. “Si bien el papel resiste cualquier cosa, la oralidad y la publicidad propias de una audiencia de debate habrán de tornar sumamente dificultoso que se pueda mantener un trámite procesal tan alejado de la verdad y de los principios que informa el Estado de Derecho”.

 

Otras acusaciones

 

Asociadas a esta causa están Hotesur y Los Sauces. En el caso Hotesur, la expresidenta y sus hijos están acusados de recibir retornos por la entrega de las obras. Esos retornos se materializaron a través del pago de alquileres de habitaciones de hotel que realizó Báez a empresas de los Kirchner, sin que esos cuartos se hubieran ocupado. Ercolini ya los indagó y ahora eventualmente resolverá sus procesamientos.

 

En el caso Los Sauces, el juez analiza también la elevación a juicio, aunque el fiscal Pollicita revisa las calificaciones antes de tomar una decisión. También se analiza aquí el pago de sumas de dinero de Báez y del empresario Cristóbal López a los Kirchner, que eran en concepto de alquileres de departamentos. Se analiza si fueron efectivamente pagos por locaciones o una forma de blanqueo de dinero proveniente de los sobreprecios y de los negocios con que se benefició López.

 

El plan que tienen los jueces de la Sala II de la Cámara Federal es que estos tres expedientes se unifiquen en un megajuicio, que difícilmente se realice este año.

 

Estas tres causas son los expedientes de corrupción que más complican a la expresidenta. Hay un cuarto caso, en el que Cristina Kirchner está solo imputada y la Cámara Federal presiona para que el juez Sebastián Casanello la indague. Ese expediente es el de la ruta del dinero K, la causa por la que está preso Báez y procesados sus hijos, luego de que aparecieron contando millones de dólares en un video de La Rosadita, la casa de cambio de Puerto Madero que administraban. En este expediente, Báez y sus hijos están acusados de sacar del país US$60 millones que circularon por cuentas en Suiza, donde ellos eran los beneficiarios finales. Y, además, se lo acusa de blanquear $32 millones que reingresaron al país.

 

El arrepentido Leonardo Fariña declaró que Cristina Kirchner estaba detrás del negocio y el fiscal Guillermo Marijuan la imputó. Pero el juez Casanello entiende que no hay evidencias de que la plata fuera de la expresidenta o de que ella fuera parte del plan de blanqueo. Casanello sostiene que, en todo caso, estas maniobras de blanqueo se vinculan con el caso de Ercolini, donde debe ser investigada Cristina Kirchner. Pero la Cámara insistió y, a pesar de que Casanello ya dijo que no, le pidió que vuelva a analizar si debe indagar a la expresidenta.

 

La ruta del dinero K es la causa por corrupción más avanzada, pues Casanello ya la elevó a juicio oral y público (sin Cristina Kirchner). Por sorteo fueron designados para ese juicio los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 9, Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra.

 

Designados jueces federales por este gobierno, es probable que concentren todos los casos por venir contra la expresidenta.

 

Fuente: La Nación