En las últimas horas, el juez federal Claudio Bonadio resolvió elevar a juicio oral y público la causa de los cuadernos de las coimas durante los gobiernos kirchneristas. En ella se señala que la senadora y candidata a vicepresidente por el Frente de Todos, Cristina Fernández, es la “jefa” de una asociación ilícita.
A partir de ahora, se realizará el sorteo para determinar qué Tribunal quedará a cargo del proceso y también para conocer el inicio del mismo. Se presume, en base a los tiempos judiciales, que el juicio no comenzará, por lo menos, a partir del año que viene.
En el expediente hay más de 150 procesados, entre exfuncionarios y empresarios. El magistrado acusó por cohecho y asociación ilícita a a los exfuncionarios, mientras que los empresarios solo por cohecho.
A su vez, el Juez Federal volvió a pedir el desafuero de la exjefa de Estado y senadora de la Nación con el objetivo de "hacer efectivo el pedido de prisión preventivo" que pesa sobre la actual candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández.
Buena parte de la pesquisa se basó en las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido. En sus escritos el hombre describió una compleja red de pago de dádivas por la que fueron procesados más de 150 personas. Este expediente cuenta con una particularidad: hay 31 personas arrepentidas que ante la Justicia aceptaron haber participado de este mecanismo ilegal. De los 172 acusados, irán a juicio 53.
Entre los acusados algunos aceptaron haber entregado coimas, y otros haberlas recibido. En este punto, hubo una declaración que para Bonadio fue determinante: la de Ernesto Clarens. El financista reveló haber sido el receptor de las dádivas que otorgaban los empresarios de obra pública. Dijo que el dinero se lo entregaba en mano a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
La decisión de Bonadio se produce tras los planteos que comenzaron a reactivar varios de los imputados detenidos para recuperar su libertad, luego de que ayer la Cámara Federal porteña dispusiera la excarcelación bajo fianza del exdirector del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas, bajo argumentos como el de que la investigación se encuentra "agotada".