El Gobierno nacional dispuso que hasta el 30 de abril de 2020 todo el sector público nacional sólo podrá invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas a un plazo que no exceda los 180 días por el Tesoro Nacional.
Lo hizo a través del decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, que precisó que la medida incluye a las jurisdicciones y entidades de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios, y los fondos y patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos públicos.
Sin embargo, aclaró que esta disposición no será de aplicación a los bancos públicos, al Poder Legislativo y al Judicial. En caso de que cualquiera de las entidades comprendidas dentro de los alcances del presente decreto esté sujeta a normas que restrinjan o limiten su capacidad para proceder según lo dispuesto en dicho artículo, deberá cumplir con la presente medida observando los límites o restricciones que le impone su marco legal.
También señaló que si cualquiera de las entidades alcanzadas tuviera necesidades financieras en virtud de las cuales no le fuera posible cumplir lo dispuesto en esta medida, o si se constatara la existencia de causas fundadas por las cuales el cumplimiento de este decreto ocasionase desequilibrios financieros dentro del sector público nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires, la entidad afectada deberá solicitar la dispensa del cumplimiento total o parcial a las secretarías de Hacienda y de Finanzas.
Lo hará suministrando la información necesaria a fin de que ambas secretarías puedan adoptar una decisión al respecto. En los casos en que éstas secretarías otorguen la dispensa prevista, deberán establecer el plazo que consideren pertinentes. El decreto destacó que se advierte que una de las necesidades más urgentes es la de asegurar el mantenimiento del financiamiento fiscal a corto plazo, mientras las demás medidas implementadas generan los efectos necesarios para recuperar el acceso a medios de financiamiento que en este momento no resultan accesibles a costos razonables.