El obispo castrense, monseñor Santiago Olivera, llamó ayer a ‘proteger y cuidar la democracia‘ al asumir el cargo tras diez años de vacancia, a raíz del conflicto de la gestión del gobierno kirchnerista con el Vaticano y con monseñor Antonio Baseotto.
La misa de toma de posesión de la sede eclesiástica castrense se realizó en la catedral Stella Maris, del barrio porteño de Retiro, y fue concelebrada por cardenal Mario Aurelio Poli, el nuncio apostólico Emil Tscherrig, otros treinta obispos y más de un centenar de sacerdotes.
‘Todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad forman parte de un país que ha hecho una real y verdadera opción por la democracia. Debemos protegerla y custodiarla‘, sostuvo monseñor Olivera en la homilía. El 28 de marzo pasado, el papa Francisco nombró a Olivera como nuevo obispo castrense, después de un largo conflicto entre el Gobierno argentino y el Vaticano.
El Obispado castrense estaba vacante desde mayo de 2007, cuando Baseotto renunció al cargo por edad y tras dos años de conflicto con el gobierno de Néstor Kirchner, quien echó unilateralmente al prelado por una cita evangélica que interpretó como apología de la dictadura militar.
Olivera nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1959. El 28 de marzo de 2017, el papa Francisco lo nombró obispo castrense, es decir de las Fuerzas Armadas argentinas.
‘Debemos custodiar (a la democracia) del flagelo de la droga y el narcotráfico, de la trata, de la violencia hacia las mujeres y niños, de la corrupción y lo que es peor la impunidad, de la pobreza que hiere y escandaliza‘, señaló Olivera.
Monseñor Olivera, quien en su homilía manifestó su intención de ‘ser puente‘, pidió a los periodistas: ‘No me dinamiten tan pronto‘.
En declaraciones radiales, el obispo castrense dijo que ‘si hay que reconocer errores se hará‘, en relación con el accionar de la Iglesia Católica durante la última dictadura cívico-militar, y precisó que está ‘muy cerca de los derechos humanos‘.
Se refirió de esta manera a una carta que le enviaron más de 80 organizaciones de derechos humanos, que le solicitaron “un pronunciamiento sobre el rol que cumplió la institución durante la dictadura” así como la “puesta a disposición de sus archivos”.