Desde el gobierno social remarcaron que recibieron miles de denuncias de beneficiarios de planes sociales que aseguran ser presionados o amenazados por dirigentes o referentes de organizaciones para que vayan a las marchas programadas para este 20 de diciembre.
Así lo advirtió el vocero presidencial, Manuel Adorni, al recordar que la línea 134 está habilitada para recibir estos reclamos. “Las únicas personas que pueden perder las ayudas del Estado son las que infrinjan la ley, cortan la calle o cometen hechos de violencia”, dijo en conferencia de prensa.
Dijo que el derecho a manifestarse “se respeta mientras no afecte al de libre circulación o se altere el orden público” por lo que insistió que quienes quieran expresarse en vía pública “lo pueden hacer en “parques, plazas o veredas”, según establece el denominado protocolo "antipiquete".
Hay enorme expectativa por lo que se pueda ver este miércoles en la calle a partir de la convocatoria lanzada por sectores políticos y organizaciones sociales, decididas a manifestar al cumplirse un nuevo aniversario de los hechos de violencia de 2001 que produjeron muertes de manifestantes en Capital Federal.
Adorni recordó que están dispuestas para la ocasión las fuerzas de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria que “harán cumplir el protocolo de orden público” que anunció días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Y frente a la posibilidad de movilización organizada también dejó en claro que en los accesos a la ciudad habrá controles para verificar documentación de transporte de pasajeros y sus choferes. “Quien no tenga permisos para circular pagará multas y si corresponde, se le secuestrará el vehículo”, afirmó.
Insistió entonces en que se animen a llamar al 134 si se sienten amenazados por dirigentes o referentes de organizaciones sociales. “A cada uno que denuncie lo vamos a apoyar y vamos a seguir cada denuncia que nos hagan”, dijo. Y precisó a modo de ejemplo que, según los testimonios recibidos, hay amenazas de exigirles trabajos adicionales, multas de 7.000 pesos, además de insistencia para que “lleven a sus niños a la marcha”.