El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para que se investigue si incurrió en "incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público" al no dar de baja miles de planes del Potenciar Trabajo que se habrían cobrado de manera irregular.
"Algo hay que hacer de forma inmediata", había planteado el mes pasado el fiscal al comenzar la investigación por incosistencias que permitieron a miles de beneficiarios cobrar.
"Esto es lo que se denomina una defraudación a la administración pública, pero también debería analizarse la situación de los funcionarios que no lo advirtieron teniendo todos los elementos para hacerlo", remarcó Marijuan en ese momento y ahora avanzó en ese sentido.
El fiscal apuntó a 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP a la cartera que conduce la exdiputada nacional y que fue solicitado por su antecesor Juan Zabaleta.
Hace dos días, Tolosa Paz salió a responder las acusaciones: "Tengo que garantizarle a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobren sus 27.000 pesos. Fueron detectadas 0,3% de irregularidades en Potenciar Trabajo, es muy poco, hay mala interpretación de un informe de la AFIP y duele la búsqueda de estigmatizar a los pobres de la Argentina".
La funcionaria solicitó al juez federal Daniel Rafecas que "levante el secreto fiscal" para acceder a los datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que presentan incompatibilidades para acceder a ese programa, en función de un análisis efectuado por la AFIP, y darlos "de baja en forma inmediata".
Sobre esto, Tolosa Paz aclaró que "no pide levantar el secreto fiscal para contarle las costillas a los pobres" sino para "poder cuidarlos".
"Las respuestas de AFIP son a una información requerida por Juan Zabaleta, que luego volví a solicitarle al titular de la AFIP, demostraron incompatibilidades pero no en grandes volúmenes", remarcó la ministra. Y detalló que las incompatibilidades son "la compra de moneda extranjera" y que a los 3.190 beneficiarios que habían incurrido en eso se les dio de baja.