Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el resto de los imputados serán investigados por la Justicia por tres delitos.
Uno de ellos es de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos, contemplado en el artículo 277 del Código Penal que tiene una pena de un año y medio a seis años de prisión. También se investigarán los delitos de impedimento o estorbo del acto funcional, con una pena de 15 días a seis meses de prisión, y de incumplimiento de los deberes de funcionario, con prisión de un mes a dos años.
El fiscal federal Gerardo Pollicita sostuvo ayer que el ‘encubrimiento‘ no debe concretarse para que sea un delito y que en este caso está agravado ‘por la especial gravedad del hecho precedente‘, que es el atentado a la AMIA, y porque están acusados funcionarios públicos.
En ese aspecto, para Pollicita el encuadre legal debe ser el de ‘el de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la especial gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionarios públicos para aquellos que reúnen tal condición‘. En su dictamen, el fiscal explicó que ‘la configuración del delito de encubrimiento no exige normativamente la acreditación de los intereses que pudieron haber motivado al sujeto activo a desplegar la conducta típica‘. Es decir, que la intención de querer encubrir a los acusados de un delito, sin concretar el hecho, alcanza para que sea un delito. Pollicita pidió que la causa quede bajo de sumario. Fuentes judiciales informaron a DyN que esa es una de las varias medidas que el fiscal solicitó. También solicitó que desgraven cinco mil horas de escuchas telefónicas que Nisman había presentado en la Justicia. Esas tareas de desgrabar demandaría varios meses, acaso hasta luego de las elecciones de octubre, según la agencia Télam.