Tras un día intenso de idas y vueltas, en medio arduas negociaciones, anoche se empezó a ver la luz al final del túnel en el acuerdo que impulsó el Gobierno para la entrega de un bono de $5.000 en dos cuotas a los trabajadores privados. Anoche, la CGT informó que este plus de fin de año "no se tomará" a cuenta de futuros aumentos de paritarias. Así, el Gobierno volvió atrás con la idea de que el bono se diera a cuenta de futuros aumentos de las paritarias 2019. Lo que sí, el decreto dejará abierta la posibilidad que los sectores más golpeados por la crisis den un bono menor y en más cuotas.
El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, había afirmado el miércoles que algunas empresas necesitarían mayores plazos o líneas de crédito especiales para realizar ese pago. Para Daer, todo eso se deberá negociar caso por caso con el sindicato que firma paritarias: "Las únicas variables son las que surjan de una negociación paritaria entre signatarios de convenios".
Frente a este contexto encaminado a cerrar el acuerdo, el cotitular de la CGT Héctor Daer, dijo al término de la reunión del Consejo Directivo, que con el pago del bono "se aleja la posibilidad" de convocar a un paro para las próximas semanas. Además, el titular del sindicato de Sanidad, precisó que en el caso de los trabajadores del sector público, la posibilidad de ese beneficio se tratará en paritarias.
La central obrera dio precisiones después de analizar en detalle el texto final del decreto que en las próximas horas firmará Mauricio Macri y que los referentes de los gremios que integran la CGT pusieron bajo la lupa durante un extenso plenario en la sede de Azopardo 802.
"El bono será de 5.000 pesos, pagaderos en dos cuotas de 2.500, con los sueldos de noviembre y de enero", confirmó Daer. Es decir, el plus estará en el bolsillo de los trabajadores en diciembre y febrero.
La obligatoriedad del bono regiría para el sector privado y quedarían exceptuados del reclamo los estatales, las empleadas domésticas y los ruralistas, que se rigen por otros parámetros.
Asimismo, el texto del decreto explicita que aquellos acuerdos salariales que ya fueron cerrados a lo largo del año "podrán compensar el aumento" con la suma total del plus salarial salvo que las empresas y los gremios acuerdan "expresamente" su no absorción.
Además, el decreto dispone que las empresas que ya otorgaron "unilateralmente" otros incrementos sobre las subas salariales "podrán compensarlos" con la suma total del bono.
Por lo pronto, el texto también destaca que el bono de $5.000 "adquirirá carácter no remunerativo".
"Se trata de un esfuerzo que tiene que hacer el sector empresarial para poner dinero en la calle y hacer girar la rueda económica, que también los beneficia", resumió Daer.
En esa misma línea, el maquinista Omar Maturano aseguró -tras finalizar la reunión- que "no habrá paro".
"Sabemos que no alcanza, pero es a lo que llegamos y es lo que hay. Y desde ahí buscaremos la recomposición salarial de todos", agregó Daer con disconformidad respecto de la pérdida de poder adquisitivo que de acuerdo al Indec alcanzó al 9,3% en el mes de septiembre.
De todos modos, la cúpula sindical le hizo saber al Gobierno que no está conforme con todos los puntos del borrador, que incluye el bono compensatorio para los privados y la cláusula para anticipar información sobre despidos.
Con todo, la CGT quedó ahora expuesta a las críticas de los sectores más duros del sindicalismo, que insisten con la convocatoria a una huelga general contra el plan económico de Mauricio Macri, con Pablo Moyano a la cabeza.
Plus de $10.000 en Santiago y La Rioja
El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, anunció ayer una mejora salarial para los empleados públicos riojanos del 16 por ciento a incorporarse a los haberes básicos de noviembre y el pago de un bono extra de 10.000 pesos en dos cuotas, la primera en diciembre y la segunda en enero. Además del incremento salarial a los trabajadores de planta riojanos, Casas dijo que para contratados, becarios y planes sociales, el aumento será de 600 pesos, quienes también tendrán un bono, en este caso de $5.000 a pagar también en dos cuotas de $2.500 cada una en los meses de diciembre y en enero.
El gobierno provincial de Santiago del Estero resolvió otorgar un aumento salarial del 40 por ciento y el pago a los trabajadores estatales de un bono de fin de año de 10.000 pesos. Gerardo Zamora, gobernador de la provincia, dispuso el incremento de salarios y el pago de un bono de fin de año tras la reunión convocada por la Mesa del Diálogo y Trabajo. El pago del bono de fin de año de 10 mil pesos, se concretará en dos partes, haciéndose efectiva la primera mitad el 16 de este mes, mientras el resto se cobrará el 4 de enero.
Despidos: esperan aviso con anticipación
No habrá prohibición, como pedían los sindicalistas y rechazaron los empresarios y desestimó el propio Gobierno. En el Ministerio de Producción y Trabajo buscarán tener información previa a los despidos sin causa o suspensiones para "actuar preventivamente", de acuerdo con las palabras de Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo.
Fuentes oficiales confirmaron que en el borrador que está negociando el Gobierno con sindicalistas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y referentes del empresariado figura que las firmas informen al ministerio con anticipación si deciden achicar su planta de personal para convocar a una mesa de diálogo o poner en marcha mecanismos para evitar los despidos.
"Es el espíritu, pero todavía no está definido. Está en borrador", dijo un funcionario al tanto de las conversaciones. La idea es que las empresas avisen al menos entre una o dos semanas antes para darle tiempo a actuar al Gobierno, según le aseguraron al diario Clarín fuentes oficiales.
Esas fuentes también revelaron que la medida estaría incluida en el mismo megadecreto en el que se fijen las condiciones para que las empresas privadas le otorguen un bono compensatorio a sus empleados.
El ministro Dante Sica se había referido a esa posibilidad durante la conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de la reunión de Gabinete.
En uno de los borradores del decreto que el Gobierno nacional de Mauricio Macri, la CGT y los empresarios cruzaron el miércoles pasado se establecía que ante la determinación de echar a un trabajador sin causa justificada la empresa deberá, antes, comunicarlo a la Secretaría de Trabajo y al sindicato correspondiente. Una vez notificadas las partes se impulsará la apertura de una mesa de diálogo para sondear opciones menos drásticas como suspensiones, reducción de horas o de sueldo o cambio de tareas, explicaron los responsables de la redacción.