La Cámara de Diputados aguardaba anoche, al cierre de esta edición, el ingreso del proyecto del Poder Ejecutivo que establece el ‘Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados‘ que dispone del pago de deudas a quienes iniciaron juicios previsionales, el aumento de los haberes en un promedio del 45 por ciento y la creación de una pensión universal para aquellos que no cuenten con los requisitos para jubilarse. La iniciativa también incluye un blanqueo de capitales presentado como ‘Amnistía Fiscal‘ y el acuerdo firmado con los gobernadores que dispone el reintegro escalonado a las provincias y el Tesoro nacional del 15 por ciento de la coparticipación federal retenida desde 1992 para financiar a la Anses. La novedad de última hora fue que finalmente se excluyó del blanqueo de capitales a los funcionarios jerárquicos, desde subsecretario hasta el jefe de Gabinete, además del presidente y vicepresidente y exfuncionarios públicos. Así lo confirmaron varias fuentes oficiales al diario La Nación, que indicaron que la decisión se tomó para no extender el debate dentro de la coalición gobernante, ya que tanto la Coalición Cívica como el radicalismo habían objetado esta cuestión. Se excluye del programa a exfuncionarios que hubieran ejercido cargos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2015. Tampoco podrán acogerse al blanqueo empresas que hubieran sido contratistas del Estado ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Si bien en un primer momento fuentes del Gobierno aseguraron que el proyecto iba a ingresar por el Senado, posteriormente hubo un cambio de estrategia y se decidió por el envió a Diputados. La elección de la cámara de origen dio lugar a un debate interno en el oficialismo, ya que si bien las iniciativas tributarias deben ingresar por Diputados, las modificaciones al régimen de Coparticipación (una ley convenio) tienen que entrar por la Cámara Alta. La propuesta del Gobierno podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados, distribuidos en tres grupos diferenciados: los que tienen sentencia judicial firme, los que iniciaron una demanda y los que no recurrieron al juicio. En todos esos casos, para acceder al beneficio deberán renunciar a realizar demandas a través de un convenio con la Anses y homologado por la Justicia. Los tres casos tendrán una actualización en sus haberes jubilatorios que oscila, según los casos, entre el 35 y el 51%, pero con un tratamiento diferente en lo que respecta a los haberes retroactivos. Aquellos con sentencia firme cobrarán lo adeudado el 50% al contado y el resto en cuotas, a los que no tengan fallo judicial se les pagará con el mismo criterio pero solamente los últimos 48 meses, en tanto quienes no hayan iniciado juicio no tendrán derecho a retroactividad. Los referentes de los principales bloques opositores como Sergio Massa, Diego Bossio, y el kirchnerista Héctor Recalde, expresaron su aval a que se paguen las sentencias a los jubilados pero piden conocer los detalles del proyecto porque no quieren desfinanciar el Fondo de Garantía Sustentable. El debate en comisiones arranca mañana.