Con la emergencia económica convertida en ley en tiempo récord, el Gobierno prevé hacer uso de inmediato de las facultades especiales. Dispondrá por decreto una suba de entre $5000 y $8000 para los trabajadores registrados del sector privado. Sería algo así como imponer el piso para las negociaciones salariales de 2020, según precisaron fuentes oficiales, gremiales y empresariales que participan de la letra chica del anuncio, previsto para los próximos días.
Si bien aún restan detalles, se confirmó que el pago será remunerativo y a cuenta de futuros aumentos en la paritaria. La bonificación, o al menos una primera cuota, en caso de ser en tramos, se debería pagar en enero. El anuncio se concretaría después de la Navidad, a pesar de las intenciones oficiales de hacerlo antes.
"Vamos a dar un aumento para que los sectores que quedaron atrasados puedan negociar mejor su paritaria. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo", precisó ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el programa radial Toma y Daca, en AM 750.
Moroni dijo que buscarán negociar con los empresarios una salida para evitar que el alza salarial se traslade en igual medida a los precios. "La política de precios y salarios tiene que ser convergente. Si los aumentos nominales se van a precios, no servirá de nada", señaló el funcionario, que prepara a pedido del Presidente una primera convocatoria oficial a empresarios y sindicalistas para antes del cierre del año.
La medida servirá para apuntalar los salarios más bajos y podría modificar temporalmente el esquema tradicional de las paritarias sectoriales, con una suma fija, cuyo monto sería el que disponga el Presidente por decreto, y otro ajuste porcentual derivado de la negociación entre los empresarios y los sindicalistas.
La definición del monto que se otorgará está aún bajo debate. En conversaciones informales surgió un tope de $10.000. Pero fue desestimado, ya que muchas industrias no tendrían capacidad de afrontar esa cifra en el corto plazo.
"Todavía no se baraja ningún monto, recién comenzamos con las consultas", dijo, enigmático, un funcionario de la cartera laboral que participa de las charlas con gremios y empresas.
En esas conversaciones se evalúan estadísticas que servirían para definir la cifra final del aumento. La remuneración promedio de los poco más de 6.000.000 de trabajadores registrados del sector privado, por ejemplo, es de $51.500 brutos (unos $43.000 netos). Surge de los datos de octubre/noviembre del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el cual proviene de las declaraciones juradas presentadas mensualmente por los empleadores ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. La mitad de esos seis millones de asalariados percibe un salario bruto de $40.500.
"Teniendo en cuenta estos números, el alza estaría entre $5000 y $8000. Llegar a los $10.000 es demasiado. El acuerdo también contemplará a los estatales", confió un jerárquico de la CGT, que estuvo el jueves pasado en la Casa Rosada en una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Moroni y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
"Uno de los puntos del acuerdo es dar un aumento mínimo salarial. Va a haber un piso mínimo que va a impulsar a los sectores que quedaron atrasados a negociar mejor la paritaria", precisó ayer Moroni.
Entre los empresarios reina todavía la incertidumbre y prefieren esperar a que se defina el monto. Un jerárquico de la Unión Industrial especuló con que la iniciativa podría instaurar un salario mínimo convencional más alto que el salario mínimo vital y móvil, que es hoy de $16.875.
Sin embargo, en la CGT y fuentes oficiales resaltaron que el objetivo es apuntalar las escalas más bajas de las actividades más golpeadas. En Trabajo identifican los rubros textiles y metalúrgicos como los más perjudicados por la crisis.
En el artículo 58 de la ley de emergencia económica aprobada ayer, se faculta a Alberto Fernández a intervenir en los aumentos salariales del sector privado. Pero, como compensación a los empresarios, se los exime temporalmente de la obligación del pago de aportes y contribuciones al SIPA y se prevén reducciones más beneficiosas para actividades específicas o en situaciones críticas, como lo pueden ser las pequeñas y medianas empresas.
FUENTE: LA NACIÓN